En el vibrante, pero vulnerable Gran Santo Domingo, las moles de concreto se elevan como un símbolo de progreso. En el pasado van quedando los espacios urbanos residenciales con casas solariegas, jardines, espaciadas una de otra. Con el avance del negocio de la construcción, en donde vivía una familia, hoy viven hasta 4o.
El Gran Santo Domingo pasó de la vivienda unifamiliar a los condominios y torres, pero su sistema de desagüe sanitario y pluvial no fue ampliado para que tuviera la capacidad de absorber las aguas negras de los grandes edificios y al mismo tiempo poder dar curso a las aguas de las lluvias, que cada año se incrementan debido al cambio climático.
Al unísono con las torres y plazas de lujo, sobreviven las viviendas tradicionales, sobre todo en los barrios pobres. Se trata de casas uno o más niveles, construidas de bloques de cemento, maderas, cinc y cualquier otro material disponible, que resultan muy vulnerable ante los fenómenos naturales, como las tormentas, huracanes y terremotos.
La furia de la naturaleza, cuando se desata, puede afectar a pobres y a ricos, sobre todo a los primeros, pero nadie puede asegurar que el sector en el que reside está totalmente a salvo de los efectos del cambio climático.
Fresco está en la memoria de los capitaleños lo ocurrido el 4 de noviembre de 2022, una fecha que marcó un antes y un después por la cantidad lluvias registradas en un espacio relativamente pequeño y en un tiempo récord. Se inundaron calles y viviendas, pero no sólo casas de primer nivel, sino edificios de apartamentos, que en algunos casos, se afectaron hasta en el segundo piso, además de ver convertidos en lagunas sus estacionamientos. Decenas de vehículos quedaron "ahogados", dañados, hasta con desperfectos irreparables. También sufrieron inundaciones las plazas y áreas verdes de la capital dominicana, y los pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero, entre otras.
La cada vez más frecuentes inundaciones devienen en catástrofes que dejan a familias, no solo sin sus pertenencias, sino con un trauma que les hace temer a cualquier asomo de lluvia, ante cualquier nublado.
El cambio climático ha dejado de ser una advertencia distante para convertirse en una amenaza inmediata para República Dominicana, que demanda una adaptación urgente de las infraestructuras y una reflexión sobre su modelo de desarrollo urbano y la gobernanza municipal.
Elina y Adrián del Rosario viven en el barrio 30 de Mayo de la avenida prolongación Independencia, en el primer nivel de una casa alquilada por RD$ 21,000 mensuales Comentan que con las lluvias del 4 de noviembre perdieron electrodomésticos y otros equipos electrónicos debido a que el techo “no aguantó” esa especie de "diluvio" que hizo acumular hasta 266 milímetros de agua en la capital.
“Ambos estábamos en la casa, nos agarró de sorpresa que las filtraciones (que ya teníamos conocimiento) y los vicios de construcción (provocaron) que desmoronara el techo entre la cocina y la sala, perjudicando nuestros bienes y teniendo que buscar otro lugar para vivir”, explicaron.
Este matrimonio es parte del tercio de la población dominicana que vive en casas vulnerables ante sucesos atmosféricos.
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) es aún más firme: de las 750,920 viviendas expuestas a riesgos naturales, 243,139 se ubican en el Gran Santo Domingo, o sea, el 32.3 %. Al desglosar los datos, 109,554 están en riesgo de ser impactadas por derrumbe o deslizamiento de tierra; 52,777 por hundimiento de tierra; 44,944 por incendios forestales y 35,864 desprendimiento de rocas.
“Es esencial contar con la infraestructura urbana adecuada a los fenómenos naturales para lograr que el Distrito Nacional se adapte a los desastres naturales”, explicó la doctora en sostenibilidad y resiliencia climática, María Isabel Serrano.
Hasta 2022, 9.1 millones de dominicanos, o sea el 82 % de la población, residen en zona urbana, lo que es sinónimo de la urbanización y los desafíos en el ordenamiento territorial. “Yo migré desde Elías Piña en 1980, ¿usted sabe? Fue porque no teníamos de qué vivir allá, y fuimos los primeros de nuestra familia en llegar a Herrera”, explicó Concepción Feliz.
La profesora comentó que fue construyendo su hogar de tres habitaciones, dos baños y una cocina mientras “iba cheleando, ponía block, cemento y varilla, con los mismos vecinos que se iban mudando, ¿usted sabe? No hay dinero para contratar a un maestro constructor”.
Recorrer el Gran Santo Domingo, en sus callejones y barrios populosos, y levantar la mirada hacia las entradas de la provincia, dan una leve noción de lo que pasa cuando las zonas urbanizadas tienen asentamientos informales, donde la cifra se sitúa en 43 %.
Para 2050, se espera que la población que vive en zonas urbanas aumente a 12.2 millones (92 % de la población estimada por la Oficina Nacional de Estadística). Esta urbanización acelerada también plantea desafíos en el sector de construcción que está vulnerable al cambio climático.
El costo de los desastres naturales en el mundo no sólo crece en cifras, sino que cada vez más se reportan daños en infraestructuras. Entre 2017 y 2022, la Defensa Civil reportó 25,787 viviendas anegadas, 5,075 viviendas parcialmente destruidas, 914 viviendas destruidas, 58 puentes afectados y 617 poblados incomunicados.
No solo los hogares son afectados, sino que se contabilizaron 1,000 puentes y vías tuvieron que reconstruirse entre 2016 y 2022, lo que conllevó US$ 700 millones en daños que impactan la productividad del país, conforme el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero la noche del 4 de noviembre del 2022, y el derrumbe del paso a desnivel entre las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, que costó la vida de tres personas, son solo algunos desafíos que debe superar el sector construcción frente a su vulnerabilidad al cambio climático.
“El problema no está en las construcciones verticales, sino en las densidades y el impacto que tiene sobre la infraestructura de servicios, el equipamiento comunitario y las áreas verdes necesarias para el esparcimiento de la población y para contrarrestar las islas de calor que generan la densidad de edificaciones y manejar las aguas de lluvia canalizando adecuadamente al subsuelo”, aclaró el urbanista, Marcos Barinas.
El Censo del 2010 sustenta a Barinas, que contabilizaron 10,544.96 habitantes por kilómetros cuadrados en la jurisdicción territorial del Distrito Nacional, mientras que en Santo Domingo fue de 1,824.14. Para ese año, se registraba una población de 3,339,410, de los cuales, 965,040 estaban en el Distrito.
En Santo Domingo se establece una densidad poblacional mayor de 1,000 habitantes por kilómetro cuadrado al cierre del 2022. Los residentes de esta metrópoli representan el 35.2 % de la población total del país, o sea, 3,798,698 de 10,773,983 habitantes. En esta provincia se contabilizan 1,297,631 viviendas, de las cuales 168,434 están ubicadas en la zona rural.
“El crecimiento de la ciudad hacia las periferias, y a la vez su desarrollo vertical, impacta directamente las áreas naturales, protegidas o no, las fuentes de agua potable y el suelo productivo agrícola. Pero también generan movilidad innecesaria dependiente del automóvil que provoca contaminación ambiental y gastos innecesarios de combustible”, dijo el urbanista.
En 2050 más de 12 millones de dominicanos vivirán en asentamientos urbanos, exponiéndose a viviendas vulnerables a fenómenos naturales. “El crecimiento acelerado de las urbes que no se ha podido dominar, influenciado con el aumento de los niveles de contaminación está planteando un desafío para el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, dijo Carolina Acosta, arquitecta experta en planificación ambiental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 24 % de la morbilidad mundial y el 23 % de los fallecimientos son causados por problemas ambientales. República Dominicana no está exenta a esta realidad, debido a que 2,456,930 viviendas están expuestas a la contaminación, siendo 410,246 a basura y 254,612 a agua estancada.
Asentamientos informales, problema de la migración y falta de oportunidades
El Gran Santo Domingo ha sido cuna de migraciones y oportunidades laborales y académicas de las demás provincias dominicanas. En 1950 comienza la construcción de barrios y sectores que acogen a la población. Otros, se instalan en la periferia de los ríos Ozama e Isabela, debido a la escasez de recursos económicos para adquirir un terreno o una vivienda.
Susana Gómez, ama de casa de 68 años, emigró desde San José de Ocoa al sector Simón Bolívar en la década de 1980, donde su esposo Ramón García hizo un apartaestudio de madera y zinc. A unos kilómetros en el sector Los Tres Brazos vive Altagracia Puello, con temor a las precipitaciones, las inundaciones y la crecida del río Ozama.
A pesar de “querer” mudarse con sus cuatro hijos, los costos de las viviendas, las tasas de interés y los altos alquileres ponen en peligro su “diminuto presupuesto”. “Cada vez que se nubla me atacan los nervios, porque ya son varias veces las que he perdido todo y no tengo el dinero para comprar una casa. ¿Y cómo? Si nos preocupamos por lo del día a día”, sostuvo.
Uno de cada cuatro hogares entre los más pobres corre un alto riesgo de sufrir inundaciones, en comparación con uno de cada ocho entre los más ricos. Es decir, la población en situación de pobreza está doblemente expuesta a perderlo todo cuando ocurre una inundación, como sucedió con las familias que viven a orillas del Ozama, González, Martínez y Jiménez (pidieron preservar su identidad).
La arquitecta Yanelba Abreu subrayó que el Gran Santo Domingo ha crecido vertiginosamente hacia las alturas, sin considerar su impacto en el medio ambiente y la Agenda 2030. Mencionó que el acelerado desarrollo inmobiliario plantea desafíos en temas medioambientales como acceso a agua potable, falta de electricidad ni conexiones para drenaje pluvial, y el incorrecto manejo de los desechos sólidos.
En temas de basura, el informe Perspectiva de la Gestión de Residuos Sólidos de América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la región genera 541,000 toneladas de residuos al día. Cada habitante de la región genera un kilo por día. En la tierra de la oferta del todo incluido, el caso es similar, cuando se toma en cuenta que per cápita se genera 1 kilogramo de residuos sólidos municipales.
Además de 180 litros de agua y 1,644.2 kWh de energía per cápita, poniendo al sector público y privado en un camino cuesta arriba para satisfacer la demanda de recursos naturales de la población residente en el Gran Santo Domingo.
Yanelba Abreu destacó la necesidad de tramitar criterios ambientales con el Ministerio de Medio Ambiente. “Es crucial empujar esta normativa para que los proyectos formales cumplan con los criterios ambientales. En República Dominicana, muchos asentamientos informales carecen de supervisión técnica, lo que resulta en viviendas deficientes y un alto consumo de recursos materiales sin considerar el impacto ambiental”, advirtió.
Una ciudad de concreto que asfixia “el verde”
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que por cada tres personas se necesita un árbol para respirar un aire de calidad en las ciudades y un mínimo de 10 metros cuadrados de zona verde por habitante.
Una ciudad sin árboles es agresiva y disminuye la calidad de vida de sus habitantes, plantaciones que son mutiladas para la urbanización. “No tenemos políticas claras a nivel de construcción y de regulación de espacios públicos donde se integren los ministerios de Vivienda, Medio Ambiente y planificación urbana en la preservación de un porcentaje de verde”, comentó la experta en temas de sostenibilidad, Mónica Herrera.
Acotó que el Gran Santo Domingo necesita millones de árboles y “en lugar de sembrarlos, estamos cortando”. No obstante, reconoció la influencia del desarrollo urbanístico.
“República Dominicana estaba acostumbrado a los espacios verdes… Vemos que las casas antiguas en sectores como Gazcue tenían paz, entornos naturales y distancia, ahora la gente migrando del campo a la ciudad hace que se necesiten hábitats, acción que obliga a un crecimiento acelerado afectando el ecosistema y que está siendo impactado por el cambio climático”, expresó Abreu.
Para la doctora en sostenibilidad y resiliencia climática, María Isabel Serrano, el Gran Santo Domingo está viviendo olas de calor, inundaciones agresivas, pérdidas significativas por la poca resiliencia territorial. De hecho, US$ 345 millones se invierten cada año en el país en reparación de daños inmobiliarios por concepto de cambio climático.
Serrano destacó que se incrementan las pérdidas humanas y materiales por la poca resiliencia del territorio para enfrentar mejor los desafíos climáticos y ambientales y el golpe al PIB por remediación ambiental. Es decir, aclaró no solo se evidencia el detrimento de los sistemas ecológicos en las urbes, sino que el país está enfrentando, además, pérdidas económicas por carecer de infraestructuras resilientes.
Esto, sumado a que, de acuerdo con el Banco Central, luego del paso de un fenómeno atmosférico la economía pasa por un proceso de recuperación de 15 meses y las pérdidas se sitúan en US$ 1,100 millones o 1.5 % del PIB.
“El sector construcción tiene una gran responsabilidad no solo medioambiental sino social, o cambiamos el enfoque de desarrollo asumido o las ciudades serán lugares donde se hará imposible vivir dignamente”, reflexionó Serrano a ACENTO. Y no es para menos, el cambio climático demanda una transformación inmediata, debido a que el tiempo para la gradualidad pasó, el Gran Santo Domingo debe adaptarse y ser resiliente o “no tendrá futuro”.
“Cada zona debe tener un pequeño pulmón o bosque urbano que pueda purificar el aire y refrescar, luego hay edificaciones que son más verdes que otras porque integran la naturaleza con jardines verticales con el visto fuera de aquí como como hasta las enredaderas que se agregan a las construcciones”, sostuvo Herrera.
¿Reducir las áreas verdes es la solución para reordenar las construcciones del Distrito Nacional y evitar su impacto del cambio climático?
“Todo lo contrario, es necesario que se generen nuevos espacios públicos, comprando espacios baldíos en las ciudades y donde no existan, remover edificaciones existentes para proveerlos”, consideró Marcos Barinas, urbanista.
Para el urbanista existe un desbalance en la provisión de espacios públicos en la ciudad, donde unos barrios, como los de la circunscripción 1, poseen entre 6- 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes y otros como los de la circunscripción 3 se reduce hasta 1 metros cuadrados.
“Es necesario reservar áreas naturales en las periferias de la ciudad que puedan garantizar un territorio balanceado y organizar el suelo para que se pueda conservar el territorio agrícola y preservar la seguridad alimentaria de la metrópolis de Santo Domingo”, acotó.
Estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecen que el Gran Santo Domingo cuenta con tres áreas protegidas, el Parque Mirador Sur, con una superficie de 1.5 kilómetros cuadrados, el Parque Mirador Manantiales del Norte, con 1.28 kilómetros cuadrados, y el Gran Parque de Las Américas, con 3.2 kilómetros cuadrados. Parque Mirador Oeste, con 4.36 kilómetros; y Parque Mirador Manantiales del Cachón de la Rubia (2.07 kilómetros).
Las áreas tienen su base legal en los decretos 233-96; y 207-02. Estos 12.41 kilómetros cuadrados, representan apenas el 0.88 % de la extensión territorial del Gran Santo Domingo.
Incentivos fiscales para la construcción sostenible: Un llamado a la acción
El sector construcción es uno de los sectores a nivel mundial que consumen más recursos naturales: el 45 % de los recursos naturales vírgenes para hacer una construcción; el 40% de la energía y genera el 50 % de los residuos sólidos.
María Isabel Serrano, doctora en sostenibilidad y resiliencia climática, explicó que el desarrollo urbano tradicional basado en un crecimiento capitalista ha estado basado en la explotación de recursos naturales para generar bienes y materia prima para el sector construcción.
“República Dominicana por su ubicación geográfica está expuesta a fenómenos naturales y la construcción sostenible puede ser una solución para mejorar las condiciones, porque el cambio climático está agudizando las pérdidas de infraestructura”, enunció Yanelba Abreu, arquitecta.
Luis Madera, viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), admitió que el país debe abocarse hacia la construcción resiliente, debido a que combate el cambio climático que pone en peligro la seguridad nacional y puede generar pobreza. Ante esto, el Banco Mundial (BM) proyecta que 110,000 personas podrían caer o continuar en la pobreza sin las medidas adecuadas.
“Debemos aceptar que enfrentaremos más sequías, más lluvias intensas y más deslizamientos de tierra, pero debemos asegurar que nuestra vida continúe a pesar de estos desafíos”, declaró Madera.
El funcionario destacó que es crucial que el compromiso del Estado y de la sociedad en general se dirija hacia la adaptación al cambio climático. Esto implica establecer normas y reglas que garanticen la resistencia de la agricultura y las viviendas ante los embates climáticos.
Madera también mencionó la necesidad de construir una “sombrilla” de 48,492 kilómetros para proteger el país, señalando que ya se están implementando más regulaciones relacionadas con esta protección. “Nuestro país seguirá recibiendo los impactos del cambio climático, pero estamos trabajando para que nuestras estructuras y nuestras comunidades sean capaces de resistirlo”, concluyó.
Sin embargo, ¿cómo se desarrollarán las infraestructuras sostenibles?
Serrano subrayó la urgencia de que las políticas de desarrollo sostenible provengan de las oficinas de planeamiento urbano. “Es fundamental revisar nuestro crecimiento y definir un modelo de desarrollo adecuado. Las oficinas de planeamiento deben establecer lineamientos y regulaciones para que el sector de la construcción pueda alinearse con los ODS”, afirmó.
Esto incluye la creación de guías de arborización urbana, la mejora de la infraestructura vial y la incorporación de requisitos de sostenibilidad en nuevos proyectos y reformas para su aprobación.
“Regulaciones y políticas son prácticas que nos falta alinear, los costos iniciales, materiales y tecnologías para la ejecución de los proyectos sostenibles” aseveró la arquitecta Carolina Acosta.
Para la experta, estas construcciones benefician a largo plazo y beneficiará a la comunidad de tener el riesgo de ser impactada por los efectos del cambio climático.
“Aún no hemos logrado llegar a los incentivos para las construcciones sostenibles, sin embargo, el privado y el Estado dominicano sí puede tomar la decisión de hacer buenas prácticas en el sector construcción como hay otros sectores que han crecido un poco más”, justificó Acosta.
¿Es una batalla perdida o vale la pena?
En temas de turismo y comercio internacional, República Dominicana está ubicada geográficamente en el centro del Caribe, sin embargo, está expuesta a los eventos como huracanes, terremotos y ciclones causando pérdidas entre el 0.69 % y 3.3 % del producto interno bruto (PIB), según el Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico (CDRP).
Pero, además, se enfrenta a cumplir el ítem 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establece infraestructuras con un futuro sostenible. Entidades como el Banco Mundial (BM) indican que para mejorar la resiliencia se requiere de 1.6 % del PIB.
La arquitecta Carolina Acosta indicó que las construcciones sostenibles es un proceso integral que abarca las etapas del proceso de construcción desde la concepción, ejecución y el inicio de sus operaciones. “Consiste en reducir las emisiones de carbono, pero también tener un mejor entorno, o sea, una acción tripartita entre el bienestar social, económico y ambiental”, explicó.
Reveló que una construcción sostenible abarca el uso de energía renovable, el correcto desecho de los residuos sólidos y el adecuado manejo del agua potable. Agregó que el sector construcción debe propiciar una visión holística e integral que está armonizada con el crecimiento de las urbes como el Gran Santo Domingo.
En esa línea, Karina Cruz, gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Social de Cemex Dominicana, resaltó que también están utilizando cementos titan, que reduce hasta el 40 % de las emisiones de carbono.
“El coprocesamiento juega un rol clave porque todo lo que no puede ser aprovechable en el reciclaje y que no tiene otra vida útil, puede ser coprocesados yendo al horno cementero a 1,500 grados Celsius en donde ese producto bajo los estándares de salud y de seguridad de manera sostenible son procesados y evitando que vayan a vertederos de República Dominicana”, dijo Cruz.
Además, la alta tasa de reciclaje del acero fomenta la economía circular, ya que, al ser un material 100% reciclable puede reutilizarse, reduciendo la cantidad de residuos que terminan en vertederos y minimizando el impacto ambiental.
“A medida que crece la tendencia de construcción ecológica, más propietarios de edificios, arquitectos, ingenieros y contratistas están seleccionando el acero para cumplir con la sostenibilidad”, confesó Francisco Durán, experto en construcciones sostenibles. Dijo a Acento que los desarrolladores inmobiliarios están inclinándose por edificaciones de acero, encontrando un equilibrio entre el medio ambiente y la economía.
“Cuantificar estos proyectos en ambos términos permite una evaluación completa y precisa de sus beneficios. Las ganancias tangibles incluyen reducción de costos de mantenimiento, eficiencia energética y valor de reventa, mientras que los beneficios intangibles abarcan sostenibilidad, innovación, competitividad y beneficios sociales”, dijo Durán.
¿Es suficiente?
Los peligros naturales han afectado históricamente la actividad económica en República Dominicana. En el período entre 1960 y 2017, los costos directos e indirectos se estimaron en US$ 8,610 millones.
Desde 1960 hasta 2022, el 47 % de los desastres naturales que impactaron al país fueron tormentas tropicales, 36 % inundaciones, 11 % epidemias y 4 % incendios. Las sequías y los sismos impactaron en 1 %, según la Dirección General de Análisis y Política Fiscal (DGAPF).
En 2023, de acuerdo con la Dirección General de Presupuesto (Digepres), se establecieron US$ 1,350 millones como gastos en actividades impulsoras del cambio climático, es decir, 1.8 veces más que los gastos amigables (US$ 760 millones).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó que, para la región de América Latina y el Caribe, entre 2015 y 2030 se necesitarán inversiones en infraestructura equivalentes al 3.1 % del PIB; transporte 2 %; 0.10 % en agua y saneamiento; 0.28 % en protección contra las inundaciones y 0.10 % riego.
Entre 2015 y 2030 estas inversiones podrían representar un 0.28 % del PIB de los países de América Latina y el Caribe, y de ellas, un 0.2 % se destinaría a nueva infraestructura y un 0.08 % al mantenimiento de la infraestructura existente.
Yanelba Abreu abogó por reemplazar los sistemas actuales de construcción por alternativas más eficientes y sostenibles, enfatizando la necesidad de pensar a largo plazo y no solo en la inmediatez. Recomendó nuevas fuentes de energía renovable y tecnologías que promuevan viviendas más amigables con el medio ambiente.
Karina Cruz, de Cemex, destacó el compromiso del sector de la construcción en República Dominicana con la resiliencia y la protección ambiental. Subrayó que, aunque se ha avanzado con la Ley General de Residuos Sólidos de 2020 y otros incentivos, aún falta educación y acción climática efectiva.
Luis Madera, del MEPyD, señaló la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial para prevenir construcciones en áreas de riesgo ambiental. Esta ley, promulgada el año pasado, busca delimitar zonas seguras para la construcción de viviendas, un punto de partida para adaptarse al cambio climático.