Las ficciones de la élite no constituyen la historia de un pueblo. Una historia sólida se hace con buen ojo para los documentos que se encuentran en los archivos, honestidad, complejidad de análisis y fe en el poder de una historia bien hecha para reivindicar a quienes han sido marginados. Amor no quita conocimiento. Como expresó Frederick Douglass al querer algo mejor para los Estados Unidos, “un verdadero patriota…reprende y no excusa sus pecados”. Escribimos como dos historiadores estadounidenses preocupados por varios discursos y mensajes emitidos desde la Academia Dominicana de Historia en las últimas semanas con la intención, al parecer, de condenar y/o intimidar a historiadores extranjeros que se interesan por la historia dominicana, específicamente la historia del largo proceso de liberación durante el siglo XIX, sus vínculos con la Revolución haitiana, y el sistema de plantaciones que rodeaba a los dos pueblos e informaba el clima racial del hemisferio. Parecen entender cualquier complejidad como una especie de amenaza–y peor, extranjera–que podría debilitar la nación. Pero, ¿a quién le sirve una versión censurada y simplista de la historia?
¿Será el heroísmo de un pueblo tan frágil que no puede tolerar una sobria mirada a los que contaban con influencia política y económica en el siglo XIX? José Núñez de Cáceres resalta como ejemplo porque sobre él hay tanta mitología (y parece que cada día se fabrica más) como una figura republicana. Examinemos lo que nos dice el archivo: Núñez de Cáceres formaba parte de la clase esclavista y se esforzó en preservar la dominación racial. Luchó por mantener la esclavitud después de la revolución en el lado oeste y participó con ahínco en la represión de las supuestas conspiraciones dirigidas por personas de color libres en Santo Domingo (1). Lejos de apoyar la liberación, Núñez de Cáceres también colaboró múltiples veces con los esclavistas establecidos en Puerto Rico para perseguir a los ex-esclavizados que se habían refugiado en Santo Domingo para liberarse de su subyugación y buscar mejor vida. Negoció el arresto y tráfico de estas personas para restituirlas a sus antiguos esclavizantes en Puerto Rico (2). Cabe mencionar que Núñez de Cáceres siguió comprando y vendiendo personas en 1821 según los protocolos notariales del Archivo General de la Nación (3). Siendo estas sus prioridades, Núñez de Cáceres prefirió una invasión extranjera a la abolición inmediata de la esclavitud traída por Haití. En una carta, pidió al gobierno colombiano que invadiera Santo Domingo. Denominó a los haitianos “unos negros sanguinarios y feroces…[una] canalla.”(4).
Dejando de lado el obvio racismo de Núñez de Cáceres y otros individuos – y con él el patriotismo barato que interpreta las décadas de 1820 y 1830 como caóticas o sísmicas – los “corchos” del gobierno de esos años (es decir, la élite que pasaba de un régimen a otro) nos enseñan la necesidad de hacer historia con un ojo crítico y paciente. Las versiones simplistas de la historia de este periodo sostienen que una dominación supuestamente aterradora reinaba sobre la isla entera. La verdad es otra y requiere honestidad y un enfoque matizado.
En esas décadas, figuras como Tomás Bobadilla, José María Caminero, Rafael Rodríguez y hasta el luego muy bélico Pedro Santana pasaron hábilmente de un estado a otro, cambiando sus lealtades sin grandes aspavientos ni alharacas. Resulta que estos hombres eran los funcionarios civiles de más alto rango del estado haitiano a partir de 1822. Es curioso notar que estos mismos funcionarios participaron en concebir y promulgar las mismas reformas legislativas que según muchos comentaristas estimularon la separación posterior de la República Dominicana. Por ejemplo, José María Caminero, Tomás Bobadilla y José de la Cruz García fueron miembros de dos comisiones nombradas por el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer cuyas recomendaciones sentaron las bases para una ley de expropiaciones de propiedades (5). Estos hombres eran de los más prominentes de la sociedad.
¿El infame Código Rural? Fue Rafael Rodríguez, como diputado, quien respaldó el proyecto del Código y exigió la ejecución de sus artículos en el interior de Santo Domingo. Frente a la cámara de diputados en Puerto Príncipe sostuvo que “todos los haitianos, tanto en el oriente como en el occidente, debemos gozar de leyes uniformes”. Concluyó exclamando que él y sus compatriotas “estamos impacientes por gozar de este beneficio” del Código Rural (6). Por su parte, Pedro Santana sacó ventaja para firmar varios contratos explotadores según los artículos del mismo Código Rural con los llamados “cultivadores”, quienes ya disfrutaban de la abolición (7). Si un/a historiador/a no admite estas complicaciones de clase e intención – o sea, si insiste en un cuento de hadas – no llega a entender la vida como era. También pierde la capacidad de leer los documentos con ojo crítico y sacrifica el rigor metodológico por una simple propaganda ideológica o nacionalista. Sería mucho mejor, por ejemplo, comparar las intenciones y experiencias de estos poderosos señores con la vida de un higüeyano promedio de esa época. En Higüey, donde las conexiones más cotidianas se daban más con Puerto Rico, el Código no llegó a ser vigente y la vida apenas cambió. Ni siquiera se aplicó en partes aledañas a Puerto Príncipe (8). Lo que si se extendió, sin mucho ruido, fue la abolición total de la esclavitud. Resulta que la realidad es mucho más interesante que la propaganda.(9).
A partir de la Separación en 1844, los mismos hombres –Caminero, Bobadilla, Rodríguez y Santana– pasaron de ser los principales arquitectos del estado haitiano en Santo Domingo a seguir sus propios intereses económicos y políticos como líderes separatistas. Tal vez por eso no se les menciona cuando el enfoque de la narrativa pasa a los Trinitarios. Su oportunismo desmiente la narrativa de una oposición ideológica. ¿La famosa confiscación de tierras de la Iglesia, por ejemplo? Santana regaló estos mismos terrenos a sus partidarios en la década de los 1840 y 1850 y nadie se escandaliza por ello (10).
¿A quién le sirve una versión más dramática, más distorsionada, más simplista y muchas veces más racista? Muchos otros han escrito sobre la utilidad de los prejuicios para distraer, y disciplinar, al público; no hay que repetir estas verdades aquí. Una versión de la historia que no admite complejidad se utiliza tanto para disciplinar y callar al público como para esconder los abusos de poder históricos. ¿Por qué censurar o intimidar a los historiadores? ¿Qué temen? ¿Por qué insistir en que la historia social es una amenaza o que no pertenece al pueblo en sí? Como el cuento de George Washington y el cerezo de su papá, los mitos sobre los grandes “prohombres” no sirven tanto como se cree. El pueblo perdurará como quiera.
Reconstruir una historia realmente ‘redentora’, o sea popular y honesta, de un pueblo requiere mucho tiempo, un diálogo colectivo, honestidad y hasta fe en el futuro. Entonces surgen otras narrativas, más sugerentes que nunca. Por ejemplo, a través de las experiencias de los que huían de Puerto Rico en busca de libertad, vislumbramos la belleza del territorio. En abril de 1837 llegaron más de diez personas, incluyendo una niña Agustina Morales de tan solo 18 meses de edad. Se habían refugiado en dos piraguas desde Mayagüez y Añasco para “buscar su libertad” en Santo Domingo “como país libre” (11). En esta misma época, llegaron numerosas piraguas y yolas conducidas por mujeres, hombres y niños que habían escapado de la esclavitud en Puerto Rico (12). Para entender la época del estado haitiano en Santo Domingo en toda su complejidad, es imperativo buscar y escuchar las voces de estas personas y no solamente las de los Trinitarios, los funcionarios o los líderes haitianos. Igualmente en décadas posteriores, se ofrece mucho material para quienes buscan rescatar ciertas voces del olvido. Por ejemplo, se puede buscar las perspectivas de las lavanderas en Puerto Plata y Santo Domingo, quienes fueron testigos íntimos de la ocupación española en la década de los 1860.
Se requiere tiempo y esfuerzo para estudiar estos episodios. Nosotros reconocemos que es un privilegio poder pasar largos periodos en múltiples archivos y realizar muchos viajes. Denunciamos la intimidación y apreciamos el privilegio de poder hablar de estas investigaciones con gente de buena fe. Estas narrativas sencillamente recuperan hilos olvidados de la historia. Los que insisten en identificar “una amenaza” a la soberanía pueden enfocarse, por ejemplo, en la política neoliberal e imperialista, la corrupción y un sinnúmero de titulares de las noticias actuales. No hay por qué censurar las solidaridades y luchas complejas del siglo XIX.
Haití y la República Dominicana “Son dos sociedades… explotadas, dependientes, y con una gran necesidad de justicia social”, atestigua Frank Moya Pons en una entrevista con el gran periodista Jean Dominique en 1975. “El destino de estos dos países siempre ha tenido una historia común, y la seguirá teniendo en el futuro”, continuó observando Moya Pons (13). También comparten un pasado que enseña que dos pueblos heroicos han tenido muchos momentos de colaboración, incluso a veces en contra de la opresión interna. Eso no es una historia “grupal”, como ha sido condenada, es la historia, punto final. Como bien saben los historiadores, las denuncias abstractas dañan el intercambio democrático de ideas. Es más, hacer historia amplia y sólida no le quita nada a nadie. Cuidado con un historiador anti-haitiano que solo te vende división porque con ese afiche pretende esconder una agenda de odio y distracción. En cambio, una perspectiva histórica que reconoce que toda la isla enfrentaba enormes desafíos en común en el siglo XIX ubica mucho mejor a los lectores deseosos de que la soberanía de ambos países dure para siempre.
Notas:
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Franklin J. Franco, Los negros, los mulatos, y la nación dominicana, 7a edición (Santo Domingo: Editora Alfa & Omega, 1984), 118-120; Quisqueya Lora Hugi, “El sonido de la libertad: 30 años de agitaciones y conspiraciones en Santo Domingo, 1791-1821,” CLIO 182 (2011): 127-128.
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Teniente de Guerra José Núñez de Cáceres al Alcalde Constitucional de la Villa de Higüey, 14 de mayo de 1821, AGN-RD, Archivo Real de Higüey, Signatura 1700117, leg. 14 Azul, 1678-1826, exp. 47: Remisión de Esclavos.
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Venta del negro esclavo nombrado Rufino de Roxas, criollo de edad de cincuenta años, por el Señor D. José Núñez de Cáceres, Auditor de Guerra de esta Capital, a D. Francisco Abreu de este vecindario, 10 de abril de 1821, AGN-RD, Fondo Protocolos Notariales, Signatura 703695, Comprobante de Protocolo de Mariano Montolío y Ríos, Miguel Joaquín Alfau, y Bernardo de Jesús González, 1821-1896, Folio 196.
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Carta de José Núñez de Cáceres a Pedro Gual, 9 de abril de 1822, Archivo General de la Nación, Bogotá, Colombia (AGN-CO), Sección República, Fondo Historia, Legajo 49, Documento 83, 1822.
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Opinion de la Commission, chargée par S. Ex. Le Président d’Haïti de lui faire un rapport sur différentes réclamations qui ont été addressées au Gouvernement (Port-au-Prince: De l’Imprimerie du Gouvernement, 1822), Bibliothèque Nationale de France (BNF), Arsenal, 8-JO- 20555(4). No. 821: Arrêté portant creation d’une commission chargée de statuer sur les réclamations des habitants de l’Est dont les biens sont sous la main-mise de l’Etat, 22 de enero de 1823, Linstant Pradine, Recueil général des lois et actes du Gouvernement d’Haíti, depuis la proclamation de son indépendance jusqu’à nos jours, tomo 3, 1818-1823 (Paris, August Durand, 1860), 574-575; No. 894: Loi qui détermine quels sont les biens mobiliers et immobiliers, situés dans la partie de l’Est, qui reviennent à l’État, 8 de julio de 1824, Linstant Pradine, Recueil général des lois et actes du Gouvernement d’Haíti, depuis la proclamation de son indépendance jusqu’à nos jours, tomo 4, 1824-1826 (Paris, Auguste Durand, 1865), 45.
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Bulletin des lois, 4e Legislature, Chambre des représentans des communes, No. 3: 2e Session, julio de 1833, 3, TNA, Foreign Office 35/15.
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Contrato entre el Ciudadano Pedro Santana y el Ciudadano Francisco Reyes, 28 de febrero de 1827; Contrato entre el Ciudadano Pedro Santana y la Ciudadana Eugenia Soriano, 28 de febrero de 1827; y Contrato entre el Ciudadano Pedro Santana y los Ciudadanos Francisco García, Joaquina García, y Luís de Rivera, 28 de febrero de 1827, AGN-RD, Fondo Protocolos Notariales, Signatura 709315, leg. 1/2642, Protocolo Notarial de José Troncoso, Documentos 60, 61 y 62.
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Para los debates sobre el Código en el oeste, ver por ejemplo Jean Alix René, Le Culte de l’égalité : Une Exploration du processus de formation de l’État et de la politique populaire en Haïti au cours de la première moitié du dix-neuvième siècle (1804-1846), Tesis doctoral, 2014.
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Quisqueya Lora Hugi Transición de la esclavitud al trabajo libre en Santo Domingo: El caso de Higüey (1822-1827) (Santo Domingo: Academia Dominicana de Historia, 2012).
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Hoetink Dominican People 89.
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Certificación de Declaración, 12 de abril de 1837, AGN-RD, Archivo Real de Higüey, Signatura 1700123, leg. 18 Azul, 1838-1904, exp. 95; Certificación de Declaración, 13 de abril de 1837, AGN-RD, Archivo Real de Higüey, Signatura 1700123, leg. 18 Azul, exp. 96.
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En octubre de 1839, por ejemplo, llegaron en una yola a la playa de Yuma cinco refugiados, también de Mayagüez. Según la certificación del notario de Higüey, “la causa de haber venido fue por el mal trato y castigo que le daban sus amos”. Certificación de Interrogatorios, 10 de octubre de 1839, AGN-RD, Archivo Real de Higüey, Signatura 1700128, leg. 21, 1837-1839, exp. 84.
- Frank Moya Pons, «La Dominación Haitiana» con Jean Léopold Dominique. 20 de enero de 1975. https://repository.duke.edu/
dc/radiohaiti/RL10059-RR-0072_ .01
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