En medio de los debates sobre una posible reforma fiscal en la República Dominicana, cineastas y profesionales de la industria cinematográfica han alzado su voz para defender los incentivos establecidos por la Ley de Cine y reclamar que se les incluya a la hora de debatir reformas.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, figuras clave del sector, como Hans García, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE), el cineasta José María Cabral, y Rafael Muñoz, vicepresidente de la productora Atlántica, resaltaron el impacto económico y cultural que la industria cinematográfica ha tenido en el país gracias a estos incentivos.
“El cine en República Dominicana no es solo entretenimiento, es una industria que genera más de 25,000 empleos directos”, afirmó Hans García.
Además, destacó que el año pasado la industria atrajo más de 12,000 millones de pesos en inversión extranjera, una cifra considerable que aporta divisas y empleos de calidad al país.
“Estamos hablando de que se han generado empleos de gran calidad, con salarios hasta ocho veces más altos que en otros sectores, como las zonas francas”, explicó.
La Ley de Cine, promulgada hace poco más de 14 años, ha sido clave para atraer producciones internacionales a suelo dominicano.
Películas extranjeras y grandes franquicias han aprovechado las locaciones únicas del país, lo que ha contribuido también a una promoción indirecta del turismo.
Hans García destacó que el presupuesto de promoción del Ministerio de Turismo es similar a lo que invierte una sola película internacional en promoción: “Una producción como Road House, rodada aquí, generó más de 50 millones de visualizaciones en Amazon Prime en sus primeras semanas. Esa es una publicidad que, de otra forma, el país no podría costear”.
En ese sentido, José María Cabral explicó que el potencial de la industria cinematográfica dominicana es enorme, y puso como ejemplo lo que ha ocurrido en otros países: “Jurassic Park rodó su secuela en Hawái, generando en cuatro años un impacto económico de 12,200 millones de dólares. Nosotros tenemos el potencial de atraer franquicias de ese tipo y asegurar inversión extranjera para el desarrollo de nuestra industria durante años”.
Preocupación por la posible reforma fiscal
El posible desmonte o modificación de los incentivos fiscales que otorga la Ley de Cine ha generado gran inquietud entre los cineastas dominicanos.
Aunque reconocen la necesidad de ajustes fiscales en beneficio de la economía del país, insisten en que cualquier cambio debe realizarse de manera responsable y tomando en cuenta las particularidades del sector.
“Lo que pedimos es ser parte de la mesa de diálogo“, subrayó José María Cabral, director de cine. “Estamos abiertos a mejorar la ley, incluso ya hemos implementado medidas de autorregulación, como establecer topes presupuestarios para las producciones locales. Pero una eliminación o modificación mal planteada de los incentivos podría acabar con la industria”, advirtió.
Impacto positivo de la Ley de Cine
Los cineastas destacaron que la ley no solo beneficia a los grandes directores o productores, sino que ha formalizado el trabajo de miles de técnicos y profesionales del área. “La industria del cine ha visibilizado a miles de trabajadores que antes estaban en la informalidad, y ahora pagan impuestos y contribuyen a la economía formal“, añadió Hans García.
La industria cinematográfica ha sido un motor para las pequeñas y medianas empresas locales, con más del 88% de los servicios asociados al cine brindados por micro y pequeñas empresas. En este sentido, Hans García resaltó que “la industria del cine es una de las más transparentes en cuanto a control presupuestario”, refiriéndose a los mecanismos de auditoría implementados por la Dirección General de Cine (DGCINE) y el Comité Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (CPAC).
La necesidad de mantener los incentivos
Los cineastas son conscientes de que las circunstancias económicas del país requieren ajustes, pero enfatizan que la Ley de Cine sigue siendo crucial para el desarrollo de una industria que aún está en fase de crecimiento. “Países como Nueva Zelanda o México, con más de 100 años de tradición cinematográfica, siguen utilizando incentivos fiscales para fomentar sus industrias. En República Dominicana, apenas estamos en los primeros 14 años de ese proceso“, señaló Rafael Muñoz.
Finalmente, los representantes del sector reiteraron su disposición a colaborar en un diálogo abierto con el gobierno para asegurar que las medidas fiscales no perjudiquen el desarrollo del cine en el país. “Estamos listos para ser auditados y para mejorar donde sea necesario, pero eliminar o modificar los incentivos podría desmantelar una industria que genera miles de empleos y atrae millones en inversión extranjera”, concluyó Hans García.
Con estas declaraciones, la industria cinematográfica dominicana hace un llamado urgente a las autoridades: no se trata solo de defender una ley, sino de preservar una industria que ha demostrado ser un motor económico y cultural clave para el país.