“¡Migración!”, alerta un vecino desde lo alto de un edificio en un suburbio de Santo Domingo, la capital de República Dominicana.
En la calle, unos militares se asoman a un portal, mientras otros se montan en una moto para dar la vuelta a la cuadra y tratar de atrapar a aquellos que huyen por los tejados al grito de: “¡Por allá! ¡Por allá!”.
Escenas como esa, captada en un video que circula ahora entre grupos de WhatsApp y en redes sociales, son diarias desde que el pasado 2 de octubre el gobierno anunciara un plan “de ejecución inmediata” para “repatriar hasta 10.000 indocumentados por semana”.
Tiene como objetivo “reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas”, mayormente de origen haitiano, según explicó el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.
De acuerdo a cifras oficiales, más de medio millón de haitianos viven actualmente en este país de 11,2 millones de habitantes. Y antes del anuncio, el volumen de deportaciones era ya muy alto.
Solo en 2023 las autoridades dominicanas devolvieron a Haití, nación con la que comparten isla y que lleva años sumida en la más profunda de las crisis políticas y sociales, alrededor de 250.000 inmigrantes. Y en el primer semestre de este año expulsaron a unos 66.000.
Sin embargo, de cumplirse la meta establecida ahora, las expulsiones anuales podrían ascender al medio millón, algo que ya ha sido fuertemente criticado por las autoridades de Haití, así como por organismos internacionales y locales.
“Muchos haitianos están escondidos”, le dice a BBC Mundo Denise Pichardo, la directora de Caminante, una ONG de apoyo a la infancia que trabaja con menores inmigrantes en el área de Boca Chica, municipio costero situado a 30 km al este de la capital.
“Es que se están llevando hasta los que tienen pasaporte o permiso de residencia, que en muchos casos tienen vencido y no pueden renovar”, asegura.
“Los haitianos en este país están totalmente desamparados en todos los sentidos”.
Incertidumbre en la comunidad
“Me detuvieron mientras caminaba. No pude ni siquiera mostrar mis papeles, y aun así me llevaron. Pasé horas detenido sin razón”.
Así se quejaba el pasado viernes al medio local Hoy un ciudadano de origen haitiano que prefirió mantenerse en el anonimato.
La suya fue una de las 1.100 detenciones que las autoridades dominicanas realizaron solamente durante aquella jornada, desde las 5 de la madrugada hasta el mediodía, en “puntos estratégicos” del Distrito Nacional (la capital) y en las provincias de Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, según le confirmó a BBC Mundo la Dirección General de Migración.
Con casos similares se encontraron el lunes los reporteros de la agencia española de noticias EFE en el centro de recepción de migrantes de Haina, a unos 20 kilómetros de la capital.
Solo aquel día vieron llegar al menos seis camiones repletos de haitianos, que habían sido arrestados en varias zonas del país en operativos masivos a lo largo del fin de semana, para ser trasladados a la frontera.
Muchos familiares esperaban fuera del recinto para conocer la suerte de los detenidos.
Y es que, de acuerdo al protocolo detallado por las autoridades, a los arrestos le sigue una “depuración” de casos, en la que se verifica si el individuo cuenta con la documentación para residir en el país o tiene un proceso migratorio abierto. De lo contrario, se procede a la expulsión del territorio dominicano.
Entre los congregados se encontraba Elizabeth, quien esperaba noticias de su esposo, haitiano como ella, detenido el sábado en la provincia oriental de La Romana, donde se concentran muchos de estos inmigrantes que trabajan en el sector de la construcción.
Los agentes se lo llevaron “como a un animal”, le contó a EFE. “No le dieron tiempo” a mostrar la cédula de identidad, añadió, confiada en que saldría libre en las próximas horas porque “está legal”.
También se acercó al lugar Enite, cuyo hijo fue apresado cuando regresaba de vender en el mercado dominical en las afueras de Santo Domingo.
Nació en República Dominicana hace 21 años y “nunca” fue a Haití, aseguró la mujer, quien traía consigo la documentación de su hijo. “Él tiene todas las constancias, su papel de nacido vivo”.
Otros medios también han reportado la llegada diaria de decenas de camiones con personas de origen haitiano para su expulsión en el cruce fronterizo de Dajabón.
La condena de Haití y la respuesta dominicana
Ante ello, el lunes Haití tachó de “escenas brutales” las deportaciones desde el país vecino y subrayó que “esta política del gobierno dominicano contraviene las normas internacionales en materia de derechos humanos, así como el imperativo del respeto a la dignidad humana”.
“Condenamos enérgicamente estos actos deshumanizantes y exigimos respeto y justicia”, escribió en la red social X la ministra haitiana de Exteriores, Dominique Dupuy.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también mostró preocupación ante el plan de deportaciones de República Dominicana.
“Conforme a sus obligaciones internacionales, el Estado debe proteger a las personas que buscan protección internacional, y respetar la prohibición de las expulsiones colectivas”, recordó el organismo en la red social X, haciendo referencia al artículo 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que veta explícitamente esa práctica.
Una serie de organismos locales también se expresaron en esa línea.
“Con esa cantidad de detenciones es imposible que haya una orden de procesamiento para cada una de las personas, que haya una depuración, que se siga el debido proceso”, le remarca a BBC Mundo Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica).
Ante las críticas, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, contestó que las repatriaciones se están llevando a cabo “cumpliendo las normas internacionales” y respetando “la dignidad de las personas”.
A lo que añadió que la cifra de expulsiones semanales “no se estableció a la ligera”, sino en base “a la experiencia que se tiene y a las posibilidades”.
Los operativos son una colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran), la Policía Nacional y el Ministerio Público, informó por su parte el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester.
Y “todo se realiza con respeto a los derechos, con prudencia y con uso proporcional de la fuerza, como planteó el presidente de la república, Luis Abinader, en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional”, añadió en un comunicado.
"Solos no podemos"
El plan de deportaciones “a gran escala” fue anunciado una semana después de que el presidente Abinader planteara en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la inestabilidad en Haití, país con el que República Dominicana comparte la isla La Española, genera “una presión significativa” en territorio dominicano.
Puso como ejemplo que en 2023 el 12% del total de los servicios prestados a través del sistema de salud pública fue a inmigrantes haitianos.
Y destacó que cerca de los 200.000 menores extranjeros que estudian en las escuelas dominicanas, 147.906 son de origen haitiano.
Estos datos “reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos”, sostuvo el mandatario el 24 de septiembre.
Aunque obvió otros datos, como que en 2023 Haití fue el socio comercial más importante República Dominicana después de Estados Unidos, o la encuesta que indica que en 2017 los obreros haitianos aportaban ya un 7,4% del PIB del país vecino.
A los cuatro días, decenas de manifestantes se reunieron frente al Palacio Nacional de Santo Domingo, convocados por una organización llamada La Antigua Orden Dominicana, para pedir “menos palabras y más acción” a la hora de abordar la cuestión migratoria.
“No a la invasión de haitianos disfrazados de refugiados, no estamos en 1822”, se leía en una pancarta. “Los haitianos te están desplazando de tus empleos, únete a la lucha”, rezaba otra.
“Hemos escuchado muchas palabras en los últimos 25-30 años de muchos políticos, al igual que de él (el presidente Abinader); muchas promesas de que van a resolver el problema de la masiva migración ilegal. Pero ya nosotros no queremos palabras, queremos acción, que ya se tome una decisión firme”, expresó Angelo Vásquez, vocero de la organización.
Violencia en Haití
Desde su llegada al poder en 2020, Abinader endureció la política migratoria dominicana: multiplicó las redadas de indocumentados y las deportaciones, redobló la presencia de la fuerza armada en la frontera y levantó un muro de 165 kilómetros entre los dos países.
Incluso prometió extenderlo cuando fue reelecto en mayo para un segundo mandato de cuatro años.
La postura la ha mantenido a pesar de las críticas de la comunidad internacional y los repetidos llamados de Naciones Unidas a cesar las deportaciones a Haití debido a la “incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos no permiten el retorno seguro, digno y sostenible”.
Es que las bandas criminales dominan amplias zonas del país, que en junio recibió una misión policial respaldada por la ONU y dirigida por agentes de Kenia, en un intento de recuperar el control.
Y a finales de septiembre el Consejo de Seguridad aprobó extender su mandato hasta el 2 de octubre de 2025, aunque desechó la solicitud del gobierno haitiano de valorar la posibilidad de transformar la misión en un cuerpo de paz.
Sin embargo, el gobierno dominicano alega que el nuevo plan de deportación masiva responde a la “lentitud” de la comunidad internacional para responder a la crisis humanitaria en Haití, que las autoridades sostienen es la razón principal del flujo migratorio de ese país al exterior.
"Nosotros lo advertimos en las Naciones Unidas: o ellos y todos los países que se habían comprometido actuaban con responsabilidad en Haití o nosotros actuaremos con la responsabilidad debida en la República Dominicana", comentó Abinader tras anunciar el plan.
Más de 3.600 personas han muerto en Haití en el primer semestre del año debido a la violencia de las pandillas, según la ONU.
La más reciente masacre, perpetrada la madrugada del jueves pasado por miembros de Gran Grif, una de las organizaciones consideradas más violentas, se cobró 70 vidas en Pont-Sondé, una pequeña ciudad ubicada a unos 70km al noreste de la capital, Puerto Príncipe.
Y más allá de la violencia, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que unos 5.400.000 de personas "luchan cada día para poder alimentarse a sí mismos y a sus familias, lo que representa una de las más graves crisis de inseguridad alimentaria en el mundo".
Pero además de subrayar lo terrible que es devolver a alguien a un contexto así, los expertos en la materia, las organizaciones que trabajan en terreno y los activistas insisten además en lo poco eficaz de las deportaciones como mecanismo de regulación migratoria.
“La mayoría acaba volviendo a cruzar a territorio dominicano, pagando más por ello”, le dice Wooding a BBC Mundo.
“O regresan a Haití pero no para quedarse, sino para volar a Nicaragua y emprender de allí la ruta hacia el norte, a Estados Unidos. “Así que no vamos a ver nada nuevo con esta deportación masiva, solo más atropellos”, concluye.
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