Representantes de distintas entidades y personas particulares participaron este lunes en la vista pública realizada por la Cámara de Diputados con la finalidad de discutir propuestas que apunten a modificar el proyecto de ley del nuevo Código Penal, que sostienen contiene algunas inconstitucionalidades tal como fue aprobado por los senadores.
Con una duración de 3 minutos, los participantes han expresado ante la Comisión Especial las modificaciones que consideran deben aplicarse a ese proyecto de ley de Código Penal.
Entre las personas que manifestaron su punto de vista destacó Omayra Álvarez, presidenta de la Asociación Juventud con Una Misión (Jucum), quien solicitó la aprobación del Código Penal sin las causales y expuso su visión conservadora.
Consideró que el Código Penal tal como está puede enfrentar la corrupción, violencia, los crímenes pasionales, pero que sin embargo está paralizado por personas a las cuales, consideró, "no les interesa la nación y usan retóricas ilógicas que impulsan la inclusión del aborto en tres causales".
"Pedimos a esta Comisión de Justicia que defienda el derecho a la vida desde su concepción y que el aborto se mantenga penalizado sin ninguna excepción, como lo establece el artículo 37 de nuestra Carta Magna", expresó Álvarez.
Además, calificó como una “locura” que las mujeres dominicanas sean aconsejadas para "quitarle la vida a sus hijos en el vientre, mientras que los hospitales dominicanos están llenos de parturientas ilegales haitianas".
La vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Rosalía Sosa, recordó que el Código Penal que rige en la actualidad fue aprobado en 1884 por lo que rigen tipos penales de aquella época.
En ese sentido, consideró que República Dominicana necesita un ordenamiento jurídico "punitivo moderno" que recoja los problemas de la teoría del delito y refleje su realidad, considerando que esto no es moral y religioso, sino una cuestión de derechos.
Por lo mismo, expresó que entre los 419 artículos del nuevo Código Penal debe figurar los que introduzcan las tres causales como práctica libre de castigos.
Por otro lado, el coordinador de Participación Ciudadana, Erick Hernández, indicó que su entidad presentó varias observaciones en los artículos que pretenden protegen a las iglesias, así como a la “mala redacción de otros”.
Añadió que la posición de su institución está a favor de las tres causales y la imprescriptibilidad de las infracciones en contra del Estado de la defraudación del tráfico de influencias, indicando que su objetivo es contra la corrupción.