Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, habría incurrido en la alteración de actas, al firmar el acta y la resolución ADM-2022-12 sin que el Pleno la haya conocido, leído y aprobado el documento, según el informe especial de la Comisión Especial de la Cámara de Cuentas, dado a conocer este martes.
En el documento, la comisión indica que el acta fue elaborada con posterioridad e introducida irregularmente en el acta del Pleno anterior con fechas alteradas y sin que el tema estuviere contenido en agenda, ya que el tema en agenda era la modificación de la resolución ADM-2022-004 y el tema decidido fue la resolución ADM-2002-005, violando los procedimientos legales y reglamentarios, conducta que en principio podría reñir con las disposiciones de los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal de la República Dominicana.
Catano Ramírez también habría incurrido en la alteración de actas, por haber favorecido con su voto la inclusión de forma irregular de un “artículo tercero” al dispositivo de la decisión DEC-X-2023-007, que originalmente había sido aprobada en la sesión del Pleno PL-X-2023-005, del 27 de abril de 2023, con el fin de agregar en el acta la exclusión de los votos disidentes de Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, Mario Arturo Fernández Burgos, miembro, del informe del Congreso Nacional, sin que esto haya sido discutido ni votado en el Pleno.
Otra falta que se le atribuye a la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas es la de haber participado en la "celebración de una sesión del Pleno de la Cámara de Cuentas constituido ilegalmente" y haber votado en la adopción de decisiones relativas al nombramiento y revocación de desvinculación del personal de la institución.
Según el informe, la funcionaria también usurpó las funciones del presidente de la Cámara de Cuentas en por lo menos dos ocasiones, la primera al delegar a Adriana Castillo (quien según una nómina de la entidad aparece como encargada de la división de análisis de asociaciones sin fines de lucro) las competencias que correspondían a Norvin de Bergés, director de la Dirección de Análisis Presupuestario, y la segunda por haber remitido información al Congreso Nacional, tales como actas y videos parciales clasificados, no certificados y no solicitados.
Asimismo, señala el documento, que Catano Ramírez votó en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin dichos informes contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020, 2021 y 2022, sin estos haber contado con la verificación de si la ejecución presupuestaria de los órganos y entes del Estado se ajustó a la Ley de Presupuesto General del Estado de los años indicados o estar acompañados de los resultados de las auditorías practicadas durante dichos periodos.
Por la parte administrativa, la funcionaria habría incumplido en sus funciones en mediante una "ejecución presupuestaria deficiente", al ejecutar del presupuesto aprobado para el año 2021, y la elaboración del
proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023, sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.