El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que contempla la creación de un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia para erradicar lo que en su opinión es el "sesgo anticristiano" dentro de todas las dependencias del gobierno federal.
La fiscal general, Pam Bondi, estará al frente de ese grupo, que según su orden tendrá como misión revisar las actividades de todos los departamentos y agencias durante la Administración de Joe Biden (2021-2025) e identificar cualquier política o práctica "anticristiana" contraria al propósito de la actual directiva.
El objetivo es "proteger las libertades religiosas de los estadounidenses y poner fin a la militarización anticristiana del Gobierno" expresada en el aborto, dice el escrito.
Asegura que el Gobierno de Biden siguió "una pauta atroz" de persecución a "cristianos pacíficos", acusándolo de haber otorgado condenas de varios años de prisión a "casi dos docenas de cristianos pacíficos provida por rezar y manifestarse ante centros abortistas".
Durante el mandato precedente, algunos activistas antiaborto fueron detenidos y sentenciados por invadir y bloquear clínicas de salud preventivas. En enero, el presidente indultó a varias personas que fueron condenadas en dichos casos.
La propuesta de Trump llega después de que la Administración de Biden anunciara en diciembre una estrategia nacional para combatir la intolerancia antimusulmana y antiárabe.
La orden ejecutiva del republicano estipula que el grupo cuente con la participación de altos funcionarios de diversas agencias gubernamentales, tenga una duración de dos años y presente tres informes al presidente al inicio, a la mitad y al final de sus labores.
Sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI)
También firmó este jueves un decreto que prevé sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI).
Según la prensa estadounidense, las sanciones apuntan a las finanzas personales y los visados de personas vinculadas a los procesos lanzados por la CPI.
Esta corte emitió, por ejemplo, una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibido el martes por Trump en la Casa Blanca.
Con sede en La Haya, la CPI también ha señalado al exministro de Defensa israelí y a un líder del grupo islamista palestino Hamás.
Sus jueces estimaron que hay "motivos razonables" para sospechar que los tres hombres cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el ataque de Hamás del 7 de octubre y la posterior guerra israelí en Gaza.
La CPI también emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin y Moscú reaccionó emitiendo sus propias órdenes de arresto contra altos cargos del tribunal.
Estados Unidos, Israel y Rusia no son miembros de la CPI, una jurisdicción permanente encargada de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Se fundó en 2002 y cuenta con 124 Estados miembros. Desde su creación solo ha dictado un puñado de condenas.
Trump también busca desmantelar leyes de protección al migrante
La administración del republicano demandó al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago este jueves en busca de desmantelar las protecciones regionales y municipales que la Casa Blanca afirma bloquean sus operaciones contra los migrantes.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia en un juzgado de Illinois dice que varias leyes regionales y municipales de estos bastiones demócratas "están diseñadas para interferir, y de hecho interfieren, con la aplicación de la ley federal de inmigración del Gobierno federal".
La querella se refiere específicamente a una ordenanza del condado de Cook (con varias municipalidades, entre ellas Chicago) que prohíbe a oficiales locales participar en operativos de inmigración, así como otra de Chicago que impide a la policía arrestar personas por su estatus migratorio y limita la información sobre inmigrantes que pueden compartir con la esfera federal.
El texto sostiene que tanto el gobernador de Illinois, JB Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson (ambos demócratas), "profesan un interés compartido con el gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración para retirar criminales de Estados Unidos (…), pero las leyes de Illinois ofrecen lo contrario".
Chicago albergó a decenas de miles de inmigrantes entre 2022 y 2024 que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, muchos de los cuales fueron trasladados allí por el gobierno republicano de Texas en una maniobra política para forzar a gobiernos demócratas a asumir el creciente flujo migratorio.
Considerada una ciudad santuario, al igual que otras gobernadas por demócratas, se ha vuelto blanco de los dardos de Trump y su administración que, en una radical plataforma antinmigración promete la deportación de millones de inmigrantes, etiquetados de criminales en la narrativa oficial.
"Trump y sus juegos políticos con la Constitución"
Durante su primer día de gobierno, Trump firmó varios decretos ejecutivos para rediseñar el concepto de ciudadanía y el sistema migratorio estadounidense, entre otras medidas, aumentando el contingente militar en la frontera, limitando severamente el sistema de asilo y refugio y eliminando el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Este último decreto impedía la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a hijos de madres que están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense o tenga residencia permanente.
Un juez federal en Seattle aprobó este jueves una interdicción preliminar impidiendo al gobierno federal ejecutar su decreto, en respuesta a una demanda presentada por los demócratas gobiernos de Washington, Arizona, Illinois y Oregón.
"Se ha hecho cada vez más evidente que para nuestro presidente, el Estado de Derecho no es más que un impedimento para sus objetivos políticos", dijo el juez John Coughenour antes de vetar el decreto de Trump.
"La Constitución no es algo con lo que el gobierno puede jugar juegos políticos", agregó al argumentar que su trabajo "es proteger el Estado de Derecho".
"Si el gobierno quiere cambiar la enmienda que garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento, necesita enmendar la propia Constitución".
El fallo de Coughenor ratifica su posición emitida hace dos semanas en una audiencia con carácter temporal.
La 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense fue adoptada en la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la Guerra Civil, en un esfuerzo de garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos.
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen", reza.
Otra jueza federal había impedido la entrada en vigencia del decreto el miércoles en respuesta a una demanda aparte en Maryland.
(Con informaciones de EFE y AFP)