La Operación Cattleya (un género de orquídeas), denominada así por el Ministerio Público, es una supuesta red de trata de personas. Traían a mujeres de diferentes países con la promesa de conseguirles trabajo como camarera en restaurantes y bares en zonas turísticas de la República Dominicana.
El expediente describe que las 80 mujeres de nacionalidades venezolanas y colombianas rescatadas en los diferentes allanamientos de la semana pasada eran explotadas sexualmente por esta organización que se encontraba operando desde diciembre del 2021.
Según el órgano persecutor, una vez que pisaban suelo dominicano, estas jóvenes eran hospedadas en diferentes lugares como Coco Real, ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el Hotel Caribe localizado en Gascue de Santo Domingo, cuya clausura temporal ha sido ya solicitada por el Ministerio Público.
Al descubrir el engaño, a las victimas se les indicaba que tenían una deuda por concepto de gastos de viaje, hospedaje y alimentos consumidos que ascendía a entre UD$ 3,000 y UD$ a 4,000. Pese a los servicios realizados, la deuda nunca quedaba saldada.
Funciones de los integrantes de esta red
Cada miembro de esta organización tenía un rol específico que iba desde el jefe o administrador, que se encargada de coordinar los viajes, dar acogida, retener y ejercer autoridad sobre la víctima. A este le reportaban los captores, que se dedicaban a captar las víctimas en sus países de orígen.
Los captores las contactabasn con los transportistas, y uno y otras eran vigilados por la custodia.
También se contaba con proveedores de drogas, quienes obligaban a la victimas a consumir sustancias ilícitas, incrementando, además, la deuda cobrada por captadores de activos que, además, recibían el dinero acordado por el servicio sexual.
Ya alojadas, las mujeres dependían de los llamados presentadores, quienes ofrecían los servicios sexuales de las víctimas a cambio de una remuneración económica previamente fijada.
¿Cómo operaba Cattleya?
Después que las mujeres venezolanas y colombianas conocían que tenían la deuda eran amenazadas con la deportación. Eran obligadas a posar para un catálogo para que los clientes de este negocio tuvieran la oportunidad de elegir.
Los precios por el servicio sexual fluctuaban entre los RD$5,000 y RD$7,000 en el Distrito Nacional, mientras que en Bávaro y Punta Cana se cobraba en dólares y las tarifa iban de UD$100 a UD$150.
Una vez establecido el monto, las víctimas eran llevadas al domicilio acordado con el cliente o recibían a este donde estaban hospedadas. En cualquiera de estos lugares eran vigiladas por los miembros de la red.
Imputados en el caso
Los imputados de cumplir estas funciones han sido identificados como José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.