El Ministerio Público destacó la noche de este martes que durante la audiencia de medida de coerción de la Operación Gavilán admitieron los hechos siete de los doce imputados por borrar y alterar registros de antecedentes penales a 16 mil 958 personas.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo que efectivamente la mayoría de los imputados admitió los hechos contenidos en la solicitud de medida de coerción presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, contra quienes se solicitó por ello solamente la prisión domiciliaria.
Para los cinco principales cabecillas de la red, el Ministerio Público solicitó, en cambio, la imposición de prisión preventiva ya que se distanciaron de los siete que admitieron los hechos, quienes colaborarán con la investigación del Ministerio Público.
Además de arresto domiciliario, a estos siete se les castigará con impedimento de salida del país y presentación periódica.
La fiscal Sourelly Jáquez solicitó adicionalmente que el proceso sea declarado de tramitación compleja. El juez, Rigoberto Sena, se reservó la lectura del fallo para este miércoles 9 de agosto, a las 6:00 de la tarde.
“El Ministerio Público investiga todo, todo lo que, en este caso, ya sea fiscal, ya sea empleado, ya sea persona beneficiada con retiro de fichas. Se va a investigar cada alegato y cada elemento de prueba o evidencia que se tenga de que una persona fue beneficiada”, dijo la fiscal a periodistas que la abordaron cuando salía de la sala de audiencia.
Refichados y también sometidos nuevamente
Al responder preguntas sobre qué hará el Ministerio Público con las personas beneficiadas y ya sin fichas, dijo que, “primero, se está restableciendo ya la base de datos de la Procuraduría General de la República. Se tomaron las medidas previamente, antes, incluso, del operativo que dio origen a esta medida de coerción”.
Agregó “que, en una segunda fase, muchos de ellos (a los que les borraron las fichas) van a estar siendo también sometidos por haber pagado los sobornos” con ese fin.
En torno a qué espera el Ministerio Público sobre la decisión del tribunal, expresó: “Esperamos la prisión preventiva para los cabecillas principales, que fue lo que el Ministerio Público solicitó en contra de cinco de los imputados, porque la mayoría, todos los demás, ya admitieron los hechos”.
Además de Jáquez, en la audiencia de este martes el órgano persecutor también estuvo representado por la directora de Persecución del Ministerio Público, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, y el procurador fiscal Andrés Mena.
Fiscales detenidos tendrán juez especial
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
El pasado 1 de agosto el Ministerio Público ejecutó la Operación Gavilán contra la red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de l pago de sobornos.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
En la operación participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.
Sicarios, narcotraficantes, violadores, femicidas, secuestradores…
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.