La decisión fue aprobada con 25 votos a favor y dos en contra y establece la necesidad de convocar a la Asamblea Nacional Revisora, que no es más que la sesión conjunta de ambas cámaras para conocer de la modificación.
La Asamblea Nacional Revisora también conocerá sobre aspectos para la independencia del Ministerio Público, la unificación de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, así como para reducir el número de diputados.
La iniciativa pasará al conocimiento de la Cámara de Diputados, con facultad para aprobar, rechazar o modificar el proyecto.
Dado que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, son altas las posibilidades de que el proyecto sea aprobado tal y como llegará desde el Senado.
Previo a su aprobación, el proyecto fue sometido a discusiones por parte de una comisión bicameral que, a través de su presidente, el senador por Samaná (noreste), Pedro Catrain, emitió su opinión favorable.
Informe disidente
Un informe disidente sometido por dos diputados del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sin representación en el Senado, fue rechazado por este hemiciclo.
El proyecto establece la reducción del número de diputados de los 190 actuales a 170 y que las elecciones se celebren unificadas a partir de 2032.
En la actualidad los comicios municipales se celebran en abril y los presidenciales y congresuales, en mayo cada cuatro años.
También se procura otorgar autonomía al Ministerio Público y descargar algunas de sus funciones para que funcione con mayor agilidad.
Además, que la figura del procurador general no integre más el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que elige a los integrantes de las altas cortes.
El senador representante por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, dijo sentirse "orgulloso" de trabajar en una reforma constitucional que por primera vez somete un presidente de la República para poner "candado" a la Carta Magna y autolimitarse en el poder.
La Constitución dominicana establece que la persona que ocupe la Presidencia de la República y es reelegida no podrá aspirar a un tercer período.
Lo que el Poder Ejecutivo plantea es que la Constitución no pueda ser modificada para alterar esta situación, principalmente para el beneficio de una persona en el poder, y menoscabar la democracia.