El Cuarto Juzgado de la Instrucción rechazó la acción de amparo presentada por el detenido ex fiscal Jean Alain Rodríguez que pretendía que se deje de utilizar el nombre “Medusa” a la hora de aludir a la operación que permitió desmantelar la red de corrupción que se le acusa de haber encabezado mientras lideró la Procuraduría General de la República.
Tras conocer el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ponderó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez y recordó que el ex fiscal Jean Alain Rodríguez también pretendía que los medios informativos borraran de sus portales digitales el nombre “Operación Medusa” y, además, se abstuvieran de utilizarlo en el futuro.
…Y que se disculparan
Deploró que la acción de amparo procurara incluso, que el Ministerio Público pidiera disculpas al imputado.
“Procuraba, conforme el escrito que (los abogados de la defensa) depositaron en el tribunal, que el Ministerio Público retirara de sus medios el nombre de Medusa y procuraba además que el tribunal obligara a los medios de comunicación, ya sean digitales o escritos, al retiro del nombre Medusa de estos medios”, dijo.
Pero el tribunal ha decidido, "de manera correcta y en base a derecho", comentó Camacho, que el Ministerio Público no ha afectado "ningún derecho fundamental cuando pone nombres a sus operaciones”, ya que más bien "se cuida en la difusión de algunos alias que pudieran ser ofensivos".
“Ha entendido el tribunal, tal y como se lo planteó el Ministerio Público, que el nombre que ponemos en cada una de las operaciones identifica a esa operación y que no hace referencia de manera particular a ninguno de los integrantes (de los expedientes sometidos a la justicia)”, añadió.
“Hemos dicho en más de una ocasión que nosotros somos celosos del respeto del debido proceso y así es como procedemos”, indicó al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al que acudió en compañía de un equipo de fiscales de la Pepca integrado por la procuradora de corte Mirna Ortiz y el fiscalizador Enmanuel Ramírez.
El exprocurador Rodríguez Sánchez enfrenta cargos criminales (coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras) en la acusación que pesa en su contra de haber encabezado una red de corrupción entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República.