Este viernes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, destacó como un avance el proyecto de Ley de uso de medios digitales en la administración de justicia, enviado hace unos meses al Congreso Nacional por el Poder Judicial.
Al encabezar una audiencia solemne por la celebración del Día del Poder Judicial, el magistrado explicó que con el envío del proyecto, el Poder Judicial ha ejercido por primera vez su facultad constitucional de iniciativa legislativa.
“La virtualidad llegó para quedarse. Ella contribuye a la celeridad y la transparencia de la administración de justicia de manera decisiva. Aquello que ocurría al interior de los despachos hoy se encuentra en línea para facilitar la actuación de las partes, el control ciudadano y la mejor gestión de los recursos que nos han sido confiado”, precisó.
A consideración de Molina Peña, iniciar este trámite en el Congreso Nacional es una oportunidad para la transformación de la justicia dominicana.
Pero, ¿en qué consiste el proyecto?
El proyecto de Ley de uso de medios digitales fue enviado a la Cámara de Diputados el pasado día 12 de octubre, y se trata de una iniciativa con la que se busca, básicamente, establecer los lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el sistema judicial sin afectar las normas procesales vigentes.
En la carta enviado a los diputados por el presidente de la SCJ se explica que la propuesta incorpora los principios de celeridad, opcionalidad y estandarización de los servicios brindados por el Poder Judicial, que surgen del articulo 69 de la Constitución dominicana.
“Como es de su conocimiento, por causa de la pandemia atravesamos una situación retadora. Como muchos sistemas judiciales de avanzada en el mundo, enfrentamos la crisis con el respaldo de las herramientas tecnológicas que nos permitieron mantener en funcionamiento el sistema judicial. Esta experiencia ha demostrado que el uso de la tecnología ofrece numerosos beneficios para el usuario”, señala el documento dirigido al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.
Mientras que en noviembre se realizó una vista pública en el Congreso, en la que participaron juristas, académicos, jueces, empresarios y representantes de la sociedad civil, quienes aportaron sus ideas y propuestas al proyecto que actualmente conocen los diputados.
Según se informó, en la vista los participantes acordaron que las transformaciones tecnológicas en el sistema de justicia son imprescindibles para adecuarse a los nuevos tiempos que demandan tales herramientas para el acceso y la eficiencia del servicio.
La gerente de Asuntos Regulatorios del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Perla Contreras Mejía, dijo que para el sector empresarial es de alto interés toda iniciativa que contribuya a la modernización, accesibilidad y celeridad del sistema judicial.
“Consideramos que el uso de recursos digitales ha jugado un rol importante para continuar con la operatividad del Poder Judicial ante la crisis generada por el Covid-19, demostrándose con ello la utilidad de estos”, precisó.
Indicó que se debe establecer con mayor claridad y precisión el órgano del Poder Judicial, el cual debe ser responsable de la reglamentación de esta Ley.
Mientras que César Moliné, director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), sostuvo que la incorporación de los medios digitales como la Firma Electrónica, en apego a las normas procesales, vigentes y observando los mecanismos que aseguren su integridad, son herramientas que asegurarán la transformación digital en el sector de la justicia.
“Entendemos que los principios planteados por el proyecto de Ley, que hoy se encuentran estudiando, está alineado a los objetivos de transformación digital que ha sido asumido no solo como nuestra estrategia nacional de desarrollo sino como la agenda digital recientemente aprobada por el Poder Ejecutivo”, señaló.
Asimismo, Alberto Ramírez Cabral, rector de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), aseguró que las transformaciones de las instituciones son el fruto de las socializaciones en los espacios democráticos en la búsqueda de un mejor futuro.