Bajo la dirección del entonces director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez (Hugo Beras), se impulsó la gestión de fondos para adaptarse al ámbito financiero mediante una asignación de DOP$ 1,200,000,000.00 proveniente del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Así consta en el expediente de acusación depositado por el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en el caso conocido como Operación Camaleón, por el cual guardan prisión Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (alias Jochi) y otros coacusados de corrupción y otros ilícitos.

Los citados fondos, gestionados a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, se debían desembolsar en tres partidas: 35% en febrero de 2023, 35% en junio y 30% en septiembre.

Sin embargo, se ha comprobado que el proceso de contratación del Intrant se inició sin contar con los fondos disponibles.

La primera certificación de que los recursos estaban disponibles fue emitida el 14 de febrero de 2023 por Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, a través del oficio DAF-AP-INTRANT-23-001.

No obstante, los fondos del IDAC no fueron transferidos al Intrant hasta julio de 2023, un mes después de la suscripción del contrato.

Este retraso pone en evidencia que el Intrant inició el proceso sin contar con la disponibilidad efectiva de los fondos, comprometiendo así su presupuesto. De hecho, el 20% del anticipo del proyecto fue pagado con fondos propios de la institución.

El proyecto, vinculado a la Dirección de Tecnología y la Dirección de Movilidad Sostenible, fue coordinado por Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quienes tuvieron la responsabilidad directa en el manejo del mismo bajo las instrucciones de Beras Goico Ramírez.

Según en el Ministerio Público, este caso ha resaltado la importancia de la transparencia y la adecuada planificación en la gestión de fondos públicos para evitar comprometer el presupuesto institucional antes de contar con los recursos necesarios.