En una auditoría solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) se pudo comprobar la serie de irregularidades en el proyecto de semaforización del Gran Santo Domingo que sería ejecutado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en la gestión de Hugo Beras, principal imputado en el caso Operación Camaleón.
Entre los hallazgos más graves se descubrió un esquema ilegal de espionaje utilizando cámaras de vigilancia que se instalaron supuestamente para controlar el tráfico de vehículos.
Estas cámaras, instaladas por la empresa Inprosol S.R.L., estaban controladas por José Ángel Gómez Canaán (alias Jochi) y Carlos Peguero, socio mayoritario de Inprosol, quienes también operaban bajo el nombre de la empresa AURIX S.R.L.
El informe reveló que la empresa facturó equipos con etiquetas no justificadas técnicamente, como cables etiquetados con el nombre "AURIX", sugiriendo conexiones irregulares con otras entidades privadas.
Las cámaras, que contaban con funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real, almacenaban un volumen considerable de datos sin que la empresa pudiera explicar adecuadamente su destino o procesamiento.
Los servidores exhibidos resultaban insuficientes para manejar el flujo de información, generando dudas sobre la operatividad del sistema.
Además, se verificó la instalación de 55 cámaras PTZ en distintas intersecciones, supuestamente para vigilancia privada y que estarían operando para combatir actos vandálicos. Sin embargo, la investigación determinó que estas cámaras formaban parte de un esquema de espionaje, violando gravemente la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos. Estas acciones constituyen delitos contra la seguridad pública y plantean serias preocupaciones sobre la privacidad y el uso de tecnología para extorsión.
Asimismo, la auditoría reveló que la empresa adjudicataria, Transcore Latam S.R.L., intentó facturar más del 90% del contrato, ascendiendo a 1,193,061,821.20 de pesos, sin haber demostrado la instalación y funcionamiento adecuado del software y equipos contratados. El software facturado no correspondía con lo instalado, y varios de los productos mostraban inconsistencias en sus nombres y costos.
Este caso también involucra a varios funcionarios públicos, entre ellos Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez (Hugo Beras), director ejecutivo del Intrant, y otros servidores públicos que incumplieron la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y actuaron de manera negligente en la ejecución del contrato.