El escándalo de corrupción Operación Camaleón, que se gestó en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ha tomado un nuevo giro al señalar el expediente que el exdirector ejecutivo de la entidad, Hugo Marino Leopoldo Beras-Goico Ramírez, sería el principal orquestador de un fraude contra el Estado que envuelve una suma de más de mil millones de pesos.
El expediente elaborado por el Ministerio Público señala el dinero estaría destinado al pago de contratos, que no cumplían con la Ley de Contrataciones Públicas, para en el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público, Beras es acusado de haber autorizado la adjudicación irregular de contratos a entidades que no cumplían con los requisitos técnicos necesarios, en un proceso de licitación irregular que favoreció a la empresa Transcore Latam S.R.L.
El expediente, de 304 páginas, detalla que Hugo Beras, quien dirigió el Intrant desde agosto de 2022 hasta noviembre de 2023, facilitó la entrada de empresas de carpeta al proyecto de modernización de la red semafórica y el sistema de videovigilancia.
Estas empresas desviaron recursos del Estado mediante contratos inflados y manipulados para favorecer a la red corrupta. Entre los principales acusados se encuentran, además de Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como "Jochi Gómez", y otros cinco involucrados.
El Ministerio Público ha imputado a Beras de múltiples delitos, incluyendo asociación de malhechores, estafa contra el Estado y desfalco. Entre los otros señalados se encuentran funcionarios y exfuncionarios del Intrant que desempeñaron roles clave en la adjudicación y ejecución fraudulenta de los contratos.
Los imputados
Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien era coordinador de despacho de Beras, está acusado de haber manipulado la licitación en favor de las empresas vinculadas al entramado.
Por su parte, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, es señalado por haber facilitado el control de la red semafórica a Transcore Latam, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos técnicos. Además, está acusado de falsificar certificaciones para justificar el desembolso de pagos a la compañía.
Jochi Gómez y el supuesto sabotaje
Uno de los nombres que más destaca en el expediente es el de José Ángel Gómez Canaán (Jochi), presunto beneficiario principal del esquema corrupto a través de su empresa Aurix S.A.S. Se le acusa de haber orquestado un esquema de lavado de activos y de ser el autor intelectual de un sabotaje a la red semafórica en agosto de 2024, que afectó el tráfico en el Gran Santo Domingo. Gómez Canaán también enfrenta cargos por terrorismo, debido a su supuesta participación en actos que atentaron contra infraestructuras críticas del Estado dominicano.
Las autoridades han señalado la gravedad de los delitos imputados y su impacto en la seguridad vial y el manejo de los fondos públicos. El caso ha puesto en evidencia las raíces de la corrupción en el manejo de los recursos del Estado y los riesgos que esto supone para la transparencia institucional en el país.