Los obispos dominicanos aseguraron en un documento que también han sido perjudicadas por estas agresiones cinco comunidades de la zona pertenecientes al distrito municipal de Zambrana, municipio de Cotuí.
"Estos hechos, caracterizados por el uso desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto a la dignidad de las personas, donde han sido lesionados dos sacerdotes y varias personas de las mencionadas comunidades, son inaceptables en un estado de derecho que debe garantizar la Justicia, la paz y el respeto a los ciudadanos, especialmente a los más pobres y desprotegidos. ¡Es urgente decir no a la estrategia del miedo!", dijo el comunicado
La Iglesia católica destacó que, fiel a su misión de defender la vida y la dignidad humana, repudia cualquier acción que violente los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y se solidariza con las acciones de "nuestro hermano" obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, también presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente.
"Es inadmisible que el afán de lucro prime sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas en la zona", expresó la Conferencia del Episcopado Dominicano.
La institución llamó a las autoridades nacionales para que, entre todos los sectores involucrados, se respete el debido marco jurídico y se fomente el diálogo en el cual "estamos dispuestos a participar" para buscar una solución justa a esta situación.
"Exhortamos a que se investiguen estos hechos con imparcialidad, se sancione a los responsables de estos abusos y se garanticen medidas para reparar los daños causados a quienes han sido afectados. Recordamos que la explotación de los recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética", prosiguió el documento.
Invitamos a la comunidad nacional a unirse en solidaridad con los afectados y a expresar de manera pacífica su rechazo a estas prácticas. De igual manera, pedimos a todos los fieles que se unan en oración para que reine la justicia y la paz en nuestra patria, dijeron los obispos a través de la entidad de mayor jerarquía de la Iglesia católica.
Dirigentes de la comunidad de Arroyo Vuelta, ubicada en el distrito municipal de Zambrana, Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, denunciaron ayer una supuesta acción de violencia cometida por agentes policiales.
En un video colgado en redes sociales un sacerdote con el rostro ensangrentado denuncia que él y otras personas del lugar fueron "agredidos" por miembros de la Policía Nacional.
De acuerdo a los comunitarios, las operaciones de la minera Barrick Pueblo Viejo, subsidiaria de la canadiense Barrick Gold, persiguen ahogar sus reclamos de no ser desalojadas de esas tierras, para dar paso a más explotaciones de la minera.