El movimiento Reconocido (Reconoci.do) declaró que su lucha por los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana continúa, a cumplirse 9 años de la sentencia 168-13, emitida el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional.
La citada sentencia desnacionalizó a todas las personas descendientes de haitianos tomando como punto de partida el año 1929.
A juicio de Reconocido, con esa decisión se creó la comunidad apátrida más grande del hemisferio occidental y una de las mayores del mundo.
"Esta situación, que ha sido reconocida por organizaciones de defensa de los derechos humanos, instituciones multilaterales y varios gobiernos del mundo, es una vergüenza para nuestro país. Con paso del tiempo y el vencimiento de los documentos provisionales que recibimos en virtud de la ley 169-14, se consolida una situación de discriminación sistemática basada en un criterio racista", advirtió la organización.
Detalló que en los últimos años los dominicanos de ascendencia haitiana han sido víctimas de cientos de detenciones arbitrarias y abusos por parte de la Dirección General de Migración, que los considera extranjeros en su propio país.
"Los gobiernos del PLD y el actual del PRM no se han diferenciado a la hora de aplicar esta política estatal violatoria de los derechos humanos", sostuvo.
Argumentó que la sentencia 168-13 fue el punto culminante de una política de Estado antidemocrática que desde tiempos de la dictadura trujillista ha considerado a la inmigración haitiana y a su descendencia dominicana como una amenaza.
Dijo que esta definición política, que sirvió de fundamento ideológico de la masacre trujillista de 1937 contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, recuerda la actitud de los regímenes de Hitler y Mussolini hacia las personas judías, gitanas y afrodescendientes.
Agregó que, lamentablemente, esa definición sigue presente en los discursos y políticas oficiales en República Dominicana hasta el día de hoy, y es la razón por la que han sido desnacionalizados y no se nos restituyan los derechos de los perjudicados.