La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, participó en un encuentro del programa PAcCto 2.0, realizado en la República de Panamá, el cual procura fortalecer la lucha contra el crimen organizado en América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Durante el cónclave para el lanzamiento del programa en dicha nación, las autoridades participantes abordaron el seguimiento a temas como la criminalidad organizada transnacional y los sistemas penitenciarios, inherentes a las funciones de la Procuraduría General República, así como también sobre cooperación jurídica internacional, en la que este órgano juega un papel preponderante.
El programa PAcCto 2.0, financiado por la Unión Europea (UE), tiene como propósito ofrecer asistencia de forma técnica a 18 países de Latinoamérica en la lucha contra el crimen organizado.
Al término de la reunión de trabajo, realizada los días 11, 12 y 13 de marzo de 2024 en la República de Panamá, las autoridades emitieron un documento con las conclusiones del debate de alto nivel sobre los objetivos del Ciclo Político compartido de Justicia Penal entre la UE y América Latina, lanzado por El PAcCTO 2.0 en junio de 2022.
El documento subrayó “agradecer a El PAcCTO 2.0, las entidades del consorcio que lo integran, así como a las autoridades panameñas la oportunidad de organizar este evento, subrayando la importancia de reforzar la cooperación entre los países Latinoamericanos y el resto de los países europeos a fin de mejorar la investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con la criminalidad organizada, como amenaza que solo puede ser abordada con un enfoque transregional”.
Sostuvo que El PAcCTO 2.0 es una oportunidad única para impulsar la creación de estructuras nacionales de coordinación que faciliten dentro de los Estados miembros y los países Latinoamericanos la adecuada utilización de los instrumentos legales y promover las reformas legales domésticas adecuadas para lograr la mejor cooperación jurídica internacional posible.
“La necesidad de recabar información y prueba electrónica de los proveedores de servicios de internet, donde quieran que estén radicados, afecta a un elevado porcentaje de prueba a utilizar en las investigaciones penales, incluso respecto de delitos no cometidos a través de medios informáticos”, indican las autoridades en sus conclusiones.
Por igual, señaló que el proceso de transición digital de la cooperación judicial en materia penal ya está en marcha y no tiene marcha atrás. Refieren que, su ineludible culminación, sin dudas, supondrá un salto cualitativo en términos de mayor eficiencia y resiliencia.
Además, indican que la comunicación por defecto entre autoridades nacionales por medio de un sistema digital descentralizado, seguro y fiable, es el objetivo principal de la digitalización de la justicia.
“Dentro de la categoría delictiva de delitos medioambientales se incluyen los delitos muy diversos como el tráfico ilegal de especies protegidas, fauna y flora silvestres, la tala y la pesca ilegales, la caza furtiva, o la destrucción de ecosistemas o hábitats naturales, entre otros. En los últimos años el crecimiento del desarrollo industrial ha convertido la protección del medio ambiente en una preocupación creciente, frente al tratamiento de residuos, los vertidos y la contaminación”, especifican.
De igual manera, las autoridades concluyeron manifestando que es necesario aproximar los tipos penales, estableciendo denominadores comunes y umbrales punitivos uniformes, así como fomentar la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos.
“Priorizar las investigaciones financieras de manera simultánea y paralela a la criminal desde el inicio de esta, permite llegar oportunamente al producto del delito antes de que se haya conseguido ocultar”, establecieron.