El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró emitió hoy una declaración pública en la que ataca frontalmente a los fiscales del Ministerio Público y omite aludir al Consejo del Poder Judicial (CPJ) y a la Inspectoría General que lo suspendieron provisionalmente como magistrado del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, e inició una investigación disciplinaria en su contra por recientes decisiones judiciales supuestamente sospechosas.

El presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, fue apoderado de un expediente en contra del juez por presuntamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El expediente fue remitido por la Inspectoría General, quien solicitó al referido Consejo del Poder Judicial la suspensión provisional con disfrute de sueldo del magistrado Rodríguez Consoró.

En junio del 2022, el juez Rodríguez Consoró dictó un “no ha lugar” a favor de todos los acusados de la supuesta venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este acusando a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de no presentar pruebas suficientes.

En julio, se inhibió del proceso contra la ucraniana Natalya Kasianova, acusada de  participar en torturas y barbarie contra un joven dominicano según se aprecia en un video que ella misma filmó. El mismo juez argumentó que los abogados "leyeron documentos que no debieron leer" y que, para no contaminar el proceso, no pasó a la medida de coerción. Se rechazó la inhibición y se dictó prisión preventiva.

En agosto, el magistrado, trató de inhibirse en el caso contra el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)  y acusado de matar al comunicador Manuel Taveras Duncan. Alegó en ese entonces que su decisión estuvo basada en un comentario que hizo en privado referente al hecho. Ante esta petición la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación rechazó la inhibición.

En su declaración de hoy, con referencias religiosas y errores gramaticales, el juez dijo que, a través suyo, toda la Justicia están siendo atacada por los fiscales "con oscuros propósitos" que pasan por "secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces".

Entre otros calificativos contra los fiscales, a quienes les indilgó falta de profesionalismo en el desempeño de sus funciones, los acusó de "actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes".

Su declaración pública:

“Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres” (Juan 8:32).

Ante la avasallante persecución e innumerables injurias y calumnias del Ministerio Público y de personas con oscuros propósitos, he decidido no guardar silencio y salir a defender mi honor y la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos, porque el honor es patrimonio del Alma, y el Alma sólo le pertenece a Dios.

No me opongo a ser investigado e inclusive cuestionado, pues soy un servidor judicial, y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo y ese solo hecho, da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno del tal función. Sin embargo, estoy siendo vil e injustificadamente atacado por el Ministerio Público, el cual es una parte interesada en el proceso penal, y los jueces que somos los terceros imparciales, estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano.

Un Ministerio Público, que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces. No veo este ataque como algo perjudicial únicamente a mi persona, sino, como un ataque feroz a nuestra constitución y a los cimientos de nuestra Carta Magna, ya que, es el propio sistema democrático de la nación quien está siendo gravemente golpeado, es la estabilidad democrática y la seguridad jurídica del país, quienes en este momento están siendo lesionadas a muerte.

El adoctrinamiento de los jueces, sobre la base del miedo y la injuria pública, es tratar de negarle a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgados con justicia, atendiendo a las reglas del Debido Proceso de Ley, la tutela Judicial efectiva y todas las garantías mínimas que les son acordadas por la constitución y las leyes.

Tenemos un Ministerio público que quiere ser juez y parte, pues, la PEPCA, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no ha preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino, que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho.

Sin embargo como dijo en una ocasión la actual Procuradora General de la República, la magistrada Mirian German: “los jueces no están para complacer a nadie” y “la teoría de caso del Ministerio Público no es prueba”, expresiones que compartimos con dicha magistrada, quien al igual que yo, fue injuriada y públicamente acusada sin fundamento. Si complacer al Ministerio Público fuere la función de la justicia penal, no necesitaríamos jueces, sino, que el propio Ministerio Público arbitraria sus procesos y él mismo los decidiría, siendo esto al afecto, lo que este órgano persigue poniendo nuestra función y accionar al escarnio público.

Debe llamar la atención del pueblo dominicano está perniciosa intención del Ministerio Público, porque en un país donde exista un órgano, cual que sea, que se entienda ser un Dios del Olimpo, que se quiera colocar por encima del bien y del mal, existe una línea muy delgada hacia el despotismo, pues, en un país democrático, como nos declara el artículo 4 de nuestra constitución, todos los órganos necesitan su contrapeso, para mantener la salud democrática del Estado.

Al momento que este entramado malicioso, mentiroso y servil, logre amañar la decisión de los jueces a su voluntad, queda la ciudadanía en su conjunto, desprotegida en sus derechos fundamentales, pues, si el juez no puede fallar con independencia conforme lo establece nuestra Carta Magna, el valor justicia no se logra materializar.

El papel del juez es aplicar las leyes con sentido de justicia y la del Ministerio Público, es acusar y presentar pruebas que demuestren su acusación, y cuando decimos pruebas no nos referimos a papeles, sino, a la presentación objetiva de pruebas que logren justificar la fuerza de todo el aparato represivo del Estado en contra de un ciudadano.

Lo que debe comprender la sociedad, es que, a quien persigue el Ministerio Público no es a mí, a quien realmente persigue, es al sistema de justicia y la independencia de los jueces; no es a mi exclusivamente a quien necesitan callar y adoctrinar, sino a todos los jueces del país; no es matar mi moral, sino matar la moral de la justicia. Por ello me han tomado como carne de cañón, para sembrar el terror en los jueces y así inmovilizarles, para que no puedan fallar los casos con independencia. Perseguirme e intentar desmembrar mi integridad, es la respuesta a la ineficiencia claramente exhibida por el Ministerio Público para articular sus casos, ante su falta de pericia para probar sus acusaciones.

Sepa el país, que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez, he actuado rectamente, apegado a la constitución, la ley, la ética, y la moral, que no tengo nada que temer ni nada que esconder, todo lo contrario, exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo y lo que soy, que son el inmenso temor y amor a Dios, mi familia y los principios y valores que me inculcaron mis padres y que me han permitido tener las fuerzas y el valor de poner freno a las extorciones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que se alimenta y alimenta el morbo.

Pero, en honor a la popular frase Romana: “Pan y Circo”, a nosotros nos tocó ser circo.