La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una auditoría minuciosa a las operaciones financieras del Ministerio de Deporte y Recreación (Miderec), en la cual se detectaron 33 irregularidades que comprometen el uso de los recursos públicos por parte de funcionarios de dicha institución.
El informe emitido por la entidad de control interno de las finanzas y propiedades del Estado se realizó durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y diciembre de 2022.
Durante el proceso de fiscalización, la Contraloría realizó avaluaciones de las conciliaciones bancarias no aprobadas y llevadas a cabo fuera del tiempo establecido, así como las discrepancias entre el auxiliar de ingresos y los Estados Financieros de la entidad oficial.
Asimismo, los auditores detectaron en los estados financieros inobservancias de la normativa de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC-SP).
La presente investigación evidencia que el Ministerio de Deporte carece de políticas y procedimientos específicos para el ciclo presupuestario, y de normas para registros adecuados de las cuentas por pagar; así como de medidas apropiadas para el control de los activos y las fichas de mantenimiento, y en la asignación, rotular y registrar los vehículos de la institución.
Según el informe, el Ministerio carece de políticas internas para el manejo de las cuentas por pagar, además de que no se encontraron los documentos soporte de dichas deudas.
En las operaciones de compras y contrataciones de la entidad, la Contraloría detectó irregularidades en adquisiciones que no estaban contempladas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), así como, según la auditoría, se hicieron compras que exceden los límites establecidos en la Ley 340.6.
Durante el período de auditoría, el Ministerio de Deporte llevó a cabo operaciones de adquisición y servicios carentes de manuales y políticas de procedimientos actualizados; la entidad no confeccionó procedimientos de compra para la construcción de canchas deportivas, ni tampoco elaboró los planes anuales de adquisición y contrataciones correspondientes al Plan Operativo Anual (PAO).
Los peritos encontraron que, durante el levantamiento de la auditoría, la entidad no lleva a cabo los procedimientos adecuados para que la Dirección de Recursos Humanos actualizara los expedientes de empleados, además de que mantiene un personal contratado con más de seis meses laborando, en violación a la Ley 41-08 de Función Pública.
Además, dice el informe que la entidad gubernamental no tiene un criterio definido para la inclusión o exclusión en nómina de los atletas para el programa PAMI ( programa de gratificación a los atletas), entre otras anomalías.