Elizabeth Silverio utilizó un exequátur perteneciente a otra persona para ejercer de forma ilegal, así lo testificó el director jurídico del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Tolentino, testigo del Ministerio Público.
Durante la audiencia del juicio de fondo contra Silverio, acusada formalmente por falsificación de títulos, ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Tolentino detalló que para obtener un exequátur se debe seguir un proceso que incluye la expedición de un decreto presidencial y el aval del Ministerio de Salud Pública (MISPAS), procedimiento que Silverio no cumplió.
El testigo del Ministerio Público señaló que, una vez recibida la denuncia inicial, el equipo de inspectores de Salud Pública se dirigió al centro que era dirigido por Silverio para llevar a cabo una investigación. Durante este proceso, recolectaron diversas pruebas que fueron claves para la investigación.
El informe resultante de la inspección reveló que Elizabeth Silverio habría utilizado documentos falsificados para presentarse como una profesional acreditada, lo que permitió que ejerciera ilegalmente en el ámbito de la salud. Estas pruebas fueron determinantes para formalizar las acusaciones en su contra.
Por su parte, Geraldo Mesa, director de la Dirección de Establecimientos del Ministerio de Salud, informó que inspectores se trasladaron al Centro de Terapia Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, S.R.L., donde verificaron que Silverio no contaba con los permisos requeridos por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MESCYT) ni estaba registrada como profesional acreditada en el MISPAS.
Una madre, cuyo hijo fue atendido por Silverio, relató que la conoció a través de una amiga que la presentó como neuropsicóloga. Según su testimonio, sus hijos mostraron progreso tras recibir terapias con Silverio.
La madre, identificada como Uribe, también trabajó con Silverio en un centro propiedad de su padre, donde Silverio se convirtió en directora.
Agregó que Silverio inició ofreciendo webinars dirigidos a niños con condiciones especiales y luego pasó a realizar diagnósticos. Uribe afirmó que solo trabajó con Silverio por un año y fue desvinculada en diciembre de 2021 por razones administrativas.
Otro testigo, identificado como Alcántara, padre de un niño con condiciones especiales, declaró que conoció de Silverio a través de su esposa, quien la había visto presentarse en el Congreso Nacional.
Alcántara expresó su indignación al enterarse de que Silverio no contaba con las acreditaciones necesarias para ejercer.
El tribunal, presidido por la jueza Arlín Ventura Jiménez, e integrado por Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, dispuso que los testigos de la defensa sean convocados para el 7 de octubre a las 9:00 de la mañana.