La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) recibió un informe “favorable” de la Contraloría General de la República (CGR) sobre cómo administraron sus recursos financieros durante el 2020 y 2021, que, comparada con otras 16 auditorías realizadas a diferentes instituciones, fue una de las que mejor transparentó el gasto público.
El informe precisa que la entidad se mantuvo apegada a las normas básicas del Control Interno en sus operaciones financieras, incluidos los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, sin violentar la Ley 340-06 y otras disposiciones legales.
“Nuestra auditoría está basada en aplicar técnicas y procedimientos de análisis de las actividades de Control Interno, Ejecución Presupuestaria, Procesos de Compras y Contrataciones, Nómina, Activo Fijo, Cuentas Bancarias, Contratos, Pagos o Libramientos e Inventarios. Efectuada durante el período comprendido entre el 1ro. de septiembre de 2020 el 31 de agosto de 2021 […]”.
No obstante, la fiscalización encontró cuatro irregularidades: tales como incumplimientos en la asignación de combustibles, empleados con documentos incompletos, falta de supervisión de la Caja Chica y gastos irregulares de representación; todo ello por la suma de RD$ 2 millones 600.
Entre 2020 y 2021, ProCompetencia obtuvo aprobaciones presupuestas por RD$ 394,590,605.74; sin embargo, pero solo recibió RD$ 172,698,895.82, que se destinaron, en su mayoría, en pagos de remuneraciones, contrataciones de bienes y servicios, materiales y suministros; así como en transferencias corrientes, gratificaciones y otros tributos, detalla la auditoría.
“En nuestra evaluación, se comprobó que las actividades de control diseñadas e implementadas para el ciclo presupuestario permiten asegurar el cumplimiento de las etapas de formulación y ejecución, así como los subprocesos de cada etapa, con base a las normativas legales emitidas por el órgano rector […]”.
Asimismo, la entidad fiscalizadora señala que los presupuestos entregados a ProCompetencia de forma física y digital, coinciden con los que se han colgado en el sitio web de transparencia durante el periodo de la evaluación.
En el informe a la gestión administrativa de la entidad, la Contraloría señala que sus estados financieros se ajustan a los criterios establecidos en el Manual de Elaboración de Estado Financiero de las Instituciones del Gobierno Central (…), emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
Los auditores sostienen que, durante el período fiscalizado, bajo la administración de María Elena Vásquez Taveras no se evidenciaron irregularidades o desviaciones en relación con el cumplimiento de las normas del Control Interno y los procedimientos.
En relación con los activos fijos, afirma que la operatividad ha sido llevada a cabo en cumplimiento con la Ley 1832, que crea la Dirección General de Bienes Nacionales, según la fiscalización. Los activos de la entidad están cuantificados en RD$ 103,215,411, con una depreciación acumulada de RD$ 37,024,427.91 y un valor en libros aproximada de RD$ 60,752,388, registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).
La investigación fiscal indica, en otro orden, que 50 contratos de bienes y servicios ejecutados por la entidad entre agosto de 2020 y agosto de 2021 se ejecutaron sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las normativas legales. (Algo inusual entre las instituciones gubernamentales).
En los procedimientos de adquisiciones menores, que no requieren de contratos, y que se encuentran por debajo del Umbral, la Contraloría asegura que no se detectaron irregularidades en el acatamiento del control interno, y señala, además, que la administración se ajusta a los procedimientos establecidos.
Según la auditoría, la entidad realizó 141 operaciones de compras por debajo del Umbral por un monto de RD$ 5,448, 532,75, y 49 adquisiciones menores por RD$ 11,062, 554,50, para un total de RD17, 511, 068, 25, que están de conformidad con la Ley 360-06, afirma la Contraloría.
Los auditores señalaron, asimismo, que, al 31 de agosto de 2021, la entidad tuvo cuentas pendientes con empresas suplidoras por RD$ 507,388.66, la cual salda en su totalidad al cierre de 2020; sin que se detectaran desviaciones y en apego al Decreto 15-17 que establece el procedimiento para asegurar el control del gasto y los pagos a proveedores.