A la secretaria de la Cámara de Cuentas, Tomasina Tolentino de Mckenzie, la Comisión Especial que investiga las “faltas graves” cometidas por este organismo, le imputa 13 acusaciones.
El informe emitido por la Comisión Especial de 291 páginas, reveló que Tolentino de Mckenzie alteró actas, al firmar el acta y la resolución ADM-2022-12 sin que el Pleno la haya conocido, leído y aprobado, en razón de que fue elaborada con posterioridad e introducida irregularmente en el acta del Pleno anterior con fechas alteradas y sin que el tema estuviere contenido en agenda.
Según el informe el tema en agenda era la modificación de la resolución ADM-2022-004 y el tema decidido fue la resolución ADM-2002-005, violando los procedimientos legales y reglamentarios, además del incumplimiento de sus atribuciones en su calidad de secretaria del bufete directivo del Pleno, conducta que en principio podría reñir con las disposiciones de los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal de la República Dominicana.
De acuerdo con el informe, Tolentino de Mckenzie alteró las actas de las decisiones del Pleno PL-X-2023-005, del 27 de abril de 2023, pues se agregaron decisiones no tomadas por el Pleno, con el fin de eliminar del informe del Congreso Nacional los votos disidentes de Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente; Mario Arturo Fernández Burgos, miembro, lo cual se comprueba en el informe al Congreso Nacional del año 2022.
En su investigación, la comisión detectó que la secretaria de la Cámara de Cuentas, participó en la celebración de una sesión del Pleno de la Cámara de Cuentas constituido ilegalmente y haber votado en la adopción de decisiones relativas al nombramiento y revocación de desvinculación del personal de la institución, en franca violación de las disposiciones del artículo 20, numeral 10) de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
El expediente detalla que Tolentino de Mckenzie usurpó las funciones del presidente de la Cámara de Cuentas, al disponer el cambio de horario para la prestación de servicios de los señores Leyton Mejia y José Ramón Rubén, según se comprueba en los correos electrónicos a la Dirección de Recursos Humanos, de fecha 10 de agosto de 2021, en franca violación de las disposiciones del artículo 20, numeral 10) de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La Comisión Especial le imputa a Tolentino de Mckenzie haber usurpado las atribuciones del presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, por haber remitido información al Congreso Nacional, actas y videos parciales clasificados, no certificados y no solicitadas.
También le imputan a la secretaria de la Cámara de Cuentas haber incumplido sus funciones por ejecución presupuestaria deficiente, al ejecutar del presupuesto aprobado para el año 2021, ascendente a la suma de RD$ 1,674,250,000.00, solo se ejecutó un (54%), o sea la suma de RD$ 910,700,000.00, con un sobrante de RD$ 763,550,000.00.
Mientras que para el año 2022, le fue aprobado un presupuesto de RD$ 1,474,248,087.00, y solo se ejecutó un (68%), o sea, RD$ 999,629,511.00, con un sobrante de RD$ 474,618,576.00, lo que implica que al 31 de diciembre de 2022 acumularon la suma de RD$ 1,296,007,207.00, de los cuales RD$ 500,000,000.00 están en un certificado financiero, que ha generado aproximadamente la suma de RD$ 30,000,000.00, por concepto de intereses, lo cual evidencia una pésima ejecución presupuestaria de la actual Cámara de Cuentas, generada por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros.
Asimismo, a Tomasina Tolentino de Mckenzie le imputan haber incumplido sus funciones por incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente al año 2021, en el cual se aprobaron 79 auditorías, de las cuales se ejecutaron 10, lo que representó un 13%; y para el año 2022, se aprobaron 88, de las cuales se ejecutaron 2, lo que representó un 2% de lo aprobado, incumplimiento generado por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros.
Además, le imputan a haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin dichos informes contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020, 2021 y 2022.
El documento precisa que Tolentino de Mckenzie votó en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, sin dichos informes haber contado con la verificación de si la ejecución presupuestaria de los órganos y entes del Estado se ajustó a la Ley de Presupuesto General del Estado de los años indicados, y sin verificar el cumplimiento de la normativa constitucional y legal.
La Comisión Especial, también le imputa a la secretaria de la Cámara de Cuentas votó en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional de los años 2020, 2021 y 2022, sin dichos informes estar acompañados de los resultados de las auditorías practicadas durante dichos periodos. Además de no contar con los estudios e investigaciones especiales, así como la forma en que estas han cumplido sus objetivos y metas institucionales a través de los indicadores de gestión.
Otra falta que detectó la Comisión a Tolentino de Mckenzie fue la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023 sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
En su informe, la comisión detectó el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones de Tolentino de Mckenzie al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración de la Cámara de Cuentas, lo cual ha provocado una crisis institucional, debido a las diferencias que sostienen los miembros del ente constitucional, lo cual se comprueba en los videos y en las actas de las sesiones del Pleno de la Cámara de Cuentas, y que constituye violación al artículo 276 de la Constitución de la República.
El informe también expone que Tolentino de Mckenzie usurpó las funciones del presidente de la Cámara de Cuentas, al solicitar a la Dirección General de Persecución de la Corrupción Administrativa que le comparta el listado de las auditorías que dieron lugar en el 2021 a la confiscación de documentos en la Cámara de Cuentas.