La Cámara de Cuentas de la República (CCRD) ha dejado de realizar auditorías financieras y de gestión a las entidades que reciben fondos públicos desde hace cuatro años, a pesar de haber recibido los recursos del Presupuesto Nacional para esos fines.
De acuerdo con la información de su sitio web, la entidad no ha efectuado auditorías financieras ni de gestión desde el año 2020, y si las hizo no las ha publicado. La CCRD sólo ha llevado a cabo Investigaciones Especiales por solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La investigación más reciente, publicada en mayo de 2023, se realizó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Desde entonces, la Cámara de Cuentas ha estado inactiva en este aspecto.
Es importante mencionar que el Pleno de la Cámara de Cuentas viene arrastrando una crisis interna que ha requerido la intervención del Congreso de la República, aunque sin éxito.
Además, dos empleadas de la CCRD acusaron al presidente del órgano, Janel Andrés Ramírez Sánchez, de acoso sexual y laboral; sin embargo, el caso fue cerrado definitivamente por el Ministerio Público.
Estas circunstancias podrían haber contribuido a la falta de acción de la Cámara de Cuentas para continuar con los procedimientos de auditoría, principalmente debido a las discrepancias relacionadas con el conflicto interno entre los miembros del Pleno.
La nómina de empleados de la entidad incluye 524 funcionarios y empleados de nivel medio y bajo, una cifra superior a la de varios ministerios estatales.
La inacción de la entidad auditora también implica a la administración anterior del Pleno de la Cámara, durante el mandato de Hugo Álvarez Pérez (2017-2021), quien no logró cumplir con el Plan Anual de Auditoría rediseñado en 2017.
En consecuencia, la Contraloría General de la República (CGR), por disposición del presidente Luis Abinader, viene auditando las instituciones estatales, aunque solo para el uso interno del Gobierno.
El órgano de control externo del Estado (CCRD) dispone de 240 auditores en diversas áreas, especialmente en fiscalización y entrega de informes sobre los procesos administrativos y el gasto gubernamental en general.
La entidad fiscalizadora ejecuta tres tipos de auditorías: financiera, de gestión y de investigación especial, todas dirigidas a entidades y organismos que gestionan recursos estatales.
El año pasado, la entidad fiscalizadora gastó un total de RD$ 785,362,893.00 en sueldos, sobresueldos, dietas, representación, gratificaciones, bonificaciones, contribuciones y seguridad social.
En los dos primeros meses de este año, la Cámara consumió el monto de RD$ 5,555,981.00 en conceptos similares, sin realizar auditorías o investigaciones especiales.
La nómina de empleados de la entidad incluye 524 funcionarios y empleados de nivel medio y bajo, una cifra superior a la de varios ministerios estatales.
La función principal de la Cámara de Cuentas es fiscalizar los presupuestos de entidades centralizadas, autónomas, descentralizadas, financieras, así como de organismos estatales, como se detalla en su página web de transparencia.
Además, tiene la responsabilidad de supervisar organizaciones como fundaciones, partidos políticos y movimientos que reciben financiación del Presupuesto Nacional.
Por disposición constitucional, la Cámara de Cuentas debe entregar los informes de fiscalización del patrimonio estatal al Congreso Nacional antes del 30 de abril de cada año, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución de la República. Restan solo 19 días para cumplir con este plazo.