Una jueza en el principado de Andorra ordenó mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada d’Andorra y una en el Credit Andorrà, con unos 52,2 millones de euros, propiedad de exdirigentes, empleados públicos y testaferros que habrían recibido sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de la adjudicación de obras, según una publicación de este jueves del periódico español El País.
Entre los propietarios de dichas cuentas se encuentran funcionarios que ejercieron durante el segundo mandato del expresidente de Perú, Alan García (2006-2011), con tres millones de euros en depósitos y cuentas poco claras.
García se suicidó el pasado 17 de abril de 2019, cuando un representante del ministerio público junto a agentes de la Policía Nacional llegó a la casa del expresidente para detenerlo por su presunta vinculación en el caso de corrupción de Odebrecht.
Entre las cuentas, hay también 34 millones de euros vinculados a exfuncionarios panameños cercanos al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
El País destaca que los 52 millones de euros retenidos representan solo una cuarta parte de los 200 millones que Odebrecht llegó a desembolsar en Andorra, país que hasta el 2017 estuvo blindado por el secreto bancario.
La publicación señala que el destino de los fondos sería la compra de voluntades de por lo menos 145 políticos y altos funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.