El Código Procesal Penal (CPP), que entró en vigor hace 20 años, se encuentra en un punto de inflexión propicio para evaluar sus logros, identificar los problemas que persisten y diseñar soluciones prácticas y efectivas.

Así lo consideraron magistrados del Ministerio Púbico y del Poder Judicial que participaron este jueves en un seminario para analizar los resultados del CPP, de acuerdo a un comunicado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte, María Garabito Ramírez, explicó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente, más justo y cercano a los principios que inspiraron la creación del Código, por lo que definió la reflexión colectiva como esencial para garantizar que la justicia penal continúe siendo un pilar sólido de nuestra democracia.

Maria-Garabito-Ramirez-728x486
María Garabito Ramírez.

Entre los desafíos se citan promover un cambio cultural en la aplicación de los acuerdos penales, reforzar la interoperabilidad del sistema de justicia para gestión de los procesos y el programa de optimización penal.

En el encuentro, bajo la coordinación del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, reconoció que se evidencian avances significativos en la Justicia luego de la implementación en 2004 del Código Procesal Penal.

Yeni Berenice Reynoso

Sin embargo, coincidió en que existen grandes desafíos por enfrentar. Favoreció que todos los operadores de la Justicia se sienten para repensar los trabajos y función en base a un sistema fuerte, preparado, oportuno, con desafíos y oportunidades de mejora.

"El sistema de justicia es responsabilidad de todos los actores del sistema y la sociedad", puntualizó.

El seminario contó con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Participaron expertos puertorriqueños, así como jueces de los distintos departamentos judiciales, fiscales y operadores del sistema de justicia penal dominicano.