La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) citó los retos que aún persisten en el sistema de justicia dominicano, entre los que se destaca el fortalecimiento de los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan.
La entidad rindió un análisis sobre la institucionalidad y la justicia en el pasado 2021, así como los desafíos para este 2022, en el que asegura que aún existe un largo camino que recorrer en el plano institucional general del país.
“Es necesario continuar en los procesos de reforma en curso, especialmente de conformidad a los presupuestos constitucionales que faltan por materializar, esto así pues la democracia, el desarrollo económico y social y la convivencia pacífica están atados a la existencia de un sistema de justicia eficaz y eficiente, integrado por órganos gestionados adecuadamente y coherentes con sus misiones constitucionales”, indicó Finjus.
En el documento también señaló que lo anterior debe complementarse con otras medidas que reforzarían la capacidad de persecución del crimen organizado y el delito, así como la creación de un ambiente de transparencia, para así fortalecer la democracia.
“Quedan pendiente, como retos para el 2022, la realización del compromiso del Poder Ejecutivo de impulsar un conjunto de reformas, como la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas No. 10-04; la adopción de un Código Penal consensuado y moderno; una nueva Ley de Contrataciones Públicas; la Ley de Extinción de Dominio; entre otros aspectos de primer orden de una agenda legislativa prioritaria para vencer la opacidad y la corrupción”, precisó.
Sobre la pandemia y las consecuencias que trajo para el sistema de justicia, Finjus aseguró que el inicio del 2021 encontró al Poder Judicial limitado por las restricciones impuestas, que obligó a la utilización de formas de virtualización de la justicia y su transformación.
“Creemos oportuno valorar el avance que supuso el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Y es que, a pesar de que la virtualidad fue el resultado de la proactividad del Consejo del Poder Judicial para evitar el cierre total de las actividades jurisdiccionales en razón del confinamiento del año 2020 por la pandemia que todavía enfrentamos, en general esta medida constituyó una respuesta a la demanda de mejora en la capacidad institucional en la prestación de los servicios de administración de justicia”, precisó en el documento.
Dijo que aspectos como la mora judicial, la excesiva burocracia en los servicios de gestión y secretaría, entre otras deficiencias institucionales, pudiesen mejorar con el uso de los medios digitales como herramienta para lograr un servicio judicial eficiente y adaptado a las necesidades de los operadores jurídicos y usuarios del sistema.
“Tal y como se ha visto reflejada en otras instancias de la administración pública que han utilizado la virtualidad como vehículo para eficientizar los servicios e, incluso, garantizar su accesibilidad”.
Mañana viernes se celebra en el país el Día del Poder Judicial, por lo que se espera la realización de varios actos oficiales.