Los residentes de la comunidad de Arroyo Vuelta, distrito municipal de Zambrana, Cotuí, continúan siendo maltratados por miembros policiales, supuestamente por disposición de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo.
En un video se muestra al padre Yonny Durán, con heridas en el rostro, donde explica que han sido atropellados por miembros militares y policías a pesar de ellos estar desarmados y pedir que se les escuche.
El padre cuenta que los comunitarios han tratado de mediar y pedir respuestas, pero lo que único que han recibido son actos de violencia.
“Esto ha sido un desastre, el ejército a venido a avasallar, estamos tratando de mediar, no nos han dado respuesta. Están partiendo gente a dos manos, intentamos evitar esto”, expresa
En el video que es grabado por el también padre Rudy Lora, se observan miembros policiales con armas largas y celulares en mano, así como el sonido de lanzamientos de bombas lacrimógenas y perdigones.
Padre Yonny denunció que se han lanzado piedras y bombas lacrimógenas a casas con niños dentro, y que las personas están desarmadas. “Iniciamos el proceso con las manos levantadas en señal de que no tenemos armas, estamos aquí solamente con el deseo de que nos escuchen”.
“La Barrick aquí es autoridad total, miren como estas aquí” , manifestó
El padre Lora y el activista ambiental Eduardo Acevedo, confirmaron a Acento que en estos momentos una comisión se encuentra reunida con el fin de coordinar acciones, entre ellas una marcha y una caravana.
La comisión la integran: Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de las UASD y también miembro del Espacio Nacional Para La Transparencia de la Industria Extractiva; el abogado Martín Guzmán, presidente de la Comisión de las comunidades; y los padres Jesús María Lora, Julián Basora y Yonny Durán.
Este mismo miércoles, el activista ambiental Eduardo Acevedo denunció que, en la madrugada, la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, en conjunto con miembros policiales, irrumpió en seis comunidades donde está ubicada la presa de cola de la mina, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Según el activista, esta acción es parte de las tensiones que persisten entre la empresa, el gobierno y los habitantes de las comunidades afectadas, quienes exigen acuerdos claros sobre las reubicaciones y compensaciones económicas para permitir la continuidad de la actividad minera.