El abogado Pablo Castillo, quien actúa como querellante en el caso Calamar, presentó una recusación contra la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La magistrada está a cargo de la audiencia preliminar contra los acusados en este proceso judicial.
Castillo fundamentó su decisión en el manejo que la jueza tuvo durante la homologación de los acuerdos presentados entre algunos imputados y el Ministerio Público. Según el abogado, la jueza Ramírez no actuó conforme a lo establecido, lo que motivó la recusación.
El togado también denunció que en dicha audiencia la jueza le negó su participación, argumentando que no tenía calidad para intervenir en los acuerdos.
"Al ser esa una audiencia simple, nada nos asegura a nosotros que el tribunal va a hacer una sana apreciación", señaló Castillo.
Ante la recusación, la jueza indicó que el recurso deberá ser conocido por la Corte de Apelación, donde se decidirá si continúa o no en el caso.
Mientras tanto, la nueva fecha para la audiencia preliminar ha sido fijada para el lunes 30 de septiembre a las 9:00 de la mañana.Por razones de espacio, la vista se celebró en la Sala de Audiencias del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Imputados
En este proceso judicial, el órgano persecutor acusa a los encartados de realizar cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda, durante el periodo 2016-2020.
Los acusados en este caso son Ángel Gilberto Lockward Mella, figuran como imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José, Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirilo Mccabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De Paola.
También Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Natividad Martínez Capellán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Figuran además las razones sociales Miqui Trade, S.R.L., Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Santa Bárbara, S.R.L., Desarrollos Rurales, S.R.L., Angel Lockward & Asociados, S.R.L. , Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc., Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Acuerdo homologados
El pasado 31 de julio, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, vinculados al caso Calamar y acusados de realizar cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar, acordaron devolver cerca de cuarenta millones de pesos como parte de un acuerdo judicial.
Durante la audiencia celebrada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Altagracia Ramírez, se aprobaron los criterios de oportunidad a favor de los acusados. Ovalle Sánchez se comprometió a devolver treinta y dos millones de pesos, entregados mediante cheque certificado a la Procuraduría General de la República, mientras que Peña Hernández acordó restituir un millón setecientos ochenta mil pesos.
El 22 de agosto, la jueza Ramírez también aprobó los acuerdos alcanzados con otros implicados en el proceso, incluyendo a Fernando Crisóstomo, Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), José Arturo Ureña, Belkiz Antonia Tejada, Natalia Cesarina Beltré Torres, y la empresa Grupo Dibefe S.R.L.