El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa afirmó que el 30 % de la población penitenciaria padece algún problema de salud, considerando que es impostergable que se le preste atención al sistema penitenciario de República Dominicana ya que muchos privados de libertad carecen de atención que garanticen sus derechos y estos centros siguen siendo lugares de origen de crímenes y delitos.
De acuerdo con el estudio Cualitativo de las Condiciones de Salud en Centros Penitenciarios de la República Dominicana, presentado por Ulloa, un 30 % de la población carcelaria tiene problemas cardíacos, enfermedades oculares, enfermedad de células falciformes y un 20 % padece problemas de salud mental; 10 % de enfermedades renales, 8 % de diabetes, 5 % Tuberculosis y 3 % con VIH, siendo un dato alarmante que de la población penitenciaria la mitad no recibe atención.
Ulloa señaló que en la actualidad las cárceles dominicanas están sobrepobladas lo que dificulta una atención con garantía de derechos para los internos.
“No podemos continuar con cárceles que sean laboratorio de delitos y que sea bajo la supervisión o tutela de las autoridades y que los delincuentes continúen operando por falta de atención y condiciones de los recintos”, expresó.
Agregó que durante un recorrido por las cárceles fue observada la falta de atención y de condiciones para tratar temas fundamentales como la salud de los internos.
El estudio levantado por el Defensor del Pueblo y el primero de cinco que presentará la institución contó con el apoyo de la Defensa Pública, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, cuyos datos fueron trabajados por la reconocida antropóloga Tahira Vargas.
Ulloa reconoció la apertura y el interés de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales en agilizar las mejoras en los recintos del país.
En el acto estuvo presente el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; la primera adjunta del Defensor del Pueblo, Ana Martich; primer suplente, Roberto Quiroz; secretario general, Harold Modesto; director de la Oficina de Oportunidades, Julián Valdés; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes; la antropóloga Tahira Vargas, además de colaboradores de la institución.