El procurador adjunto Wilson Camacho se refirió a la recusación hecha por la defensa del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, del caso Medusa, al juez Amauri Martínez que conoce la audiencia preliminar del expediente, y la calificó como temeraria.
“La recusación que se ha presentado en el día de hoy, en los términos que ha sido presentada esta recusación, es una muestra de litigio temerario, de chantaje procesal y una forma degradada del ejercicio del derecho de defensa”, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho entiende que el único interés con esta presentación es retrasar el proceso por el temor que le tienen este y otras defensas a la contundencia de la acusación del Ministerio Público”.
Indicó que dicha forma de litigio temerario es algo que el Poder Judicial debe enfrentar.
“Noten, que acusan al juez de imparcial, al mismo juez que le concedió el cese de la prisión preventiva, al juez que le concedió más de cien días de plazos y al juez que le ha concedido todas las resoluciones de peticiones que se le han planteado, cuando el juez le falló a favor no era un juez parcial y ahora porque el juez, conforme a derecho, le falla en contra, entonces quieren acusar al juez de ser parcial”, añadió.
Camacho criticó que se acuse al juez Martínez de llevar el proceso rápido.
“Esta defensa se atreve a acusar al juez de llevar demasiado rápido el proceso y la primera audiencia de este proceso fue el 12 de agosto del año 2022, o sea, tenemos nueve meses en la audiencia preliminar, y, de todas maneras, pretenden acusar al juez de llevar este proceso rápido, cuando, evidentemente, es un proceso que va muy lento y que debe conocerse el fondo de esta audiencia preliminar; pero, repito, esta es una recusación que solo se hace procurando retardar el proceso”, dijo.
El magistrado Martínez continuó ayer con la audiencia preliminar luego de que la aplazara el pasado 29 de abril por la cantidad de incidentes presentados por las defensas de los acusados.
El exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez es el principal imputado en este caso, y está acusado de dirigir el supuesto entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
El expediente de la operación Medusa, además de Rodríguez, involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Igualmente, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.