La Procuraduría General de la República convocó recientemente a un concurso público para escoger un nuevo rector del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, órgano educativo encargado de la formación y capacitación de los miembros de todos los fiscales dominicanos, así como del personal administrativo que asiste a estos en sus funciones.
Sin embargo esta academia necesitará mucho más que la renovación de su rectoría, debido a que durante los últimos cuatro años y medio de gestión ha sufrido un agudo deterioro institucional y estructural que ha debilitado sus funciones y estancado el avance propio de las instituciones formativas, en este caso del Estado dominicano.
Desde hace más de dos años este instituto de Educación Superior opera sin vicerrector o vicerrectora, lo que quiere decir que dos de sus vicerrectorías son inexistentes y varios departamentos importantes se encuentran acéfalos o dirigidos por empleados de categoría media como encargados interinos; mientras que en otros casos una misma persona dirige dos departamentos, como es el desempeño del consultor jurídico, Leonardo Borelis, quien hace las veces de Secretario General.
La Escuela no cuenta con un vicerrector administrativo, vicerrector Académico ni vicerrector de Investigación y Análisis, que debe constituir el esquema mínimo para operar como una academia de Educación Superior.
En el caso de la vicerrectoría académica, se mantiene acéfala desde finales del año 2020 y desde entonces han sido puestas a cargo, de manera consecutiva, dos colaboradoras de manera interina, cuya misión esencial es cumplir estrictamente los lineamientos de la rectora. Esa instancia está integrada actualmente por seis empleadas, dos de las cuales proceden del departamento de conserjería, sin que estás últimas hayan sido capacitadas de manera especial para trabajar con los temas más sensibles de la academia. En la última semana la rectora ha colocado en la coordinación de esa vicerrectoría a una de sus asistentes del despacho, igualmente de su entera confianza.
La vicerrectoría de Investigación, Innovación y Análisis quedó sin un solo miembro tras la solicitud de estos, en distintas fechas, para ser trasladados a otras dependencias por parte de quienes la integraban. Lo mismo ya había sucedido con la señora Calíope Malena, quien fungía como vicerrectora y gestionó su traslado y ahora labora para la Dirección de Prisiones y Correccionales.
Para tratar de cubrir de alguna manera esta carencia, la rectora ha cambiado recientemente el nombre por Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transformación Digital, colocando al frente de la misma al encargado de tecnología, Juan José Mayrele, una persona de su entera confianza, pero que no cuenta con las condiciones para ocupar de manera interina esta vicerrectoría.
En la Escuela del Ministerio Público no existe la vicerrectoría administrativa desde el años 2022, cuando la procuraduría general decidió asumir desde la sede de esa institución toda la gestión en lo referente a esa área, debido a una serie de eventos que se habían suscitado provocados por medidas tomadas desde la rectoría, tratando de basarse en una autonomía inexistente.
La extinción de esa vicerrectoría tuvo su punto culminante con la renuncia de la vicerrectora Ivelisse Sánchez, quien a menos de un año de ejercicio solicitó ser retirada de la Escuela por diferencias en temas de procedimientos y manejos de procesos de administración con la rectoría.
Todo este descalabro institucional en la Escuela del Ministerio Público tiene su origen a inicios del año 2020 cuando la administración de Jean Alain Rodríguez decidió inducir a la entonces rectora, Gladys Sánchez Richiez, a presentar su renuncia, tras lo cual se convocó a un concurso público cuyo resultado fue la designación de la señora Mariem Montero Beard, quien hasta entonces fungía como Procuradora Adjunta con funciones de coordinadora de la Unidad de Desarrollo Legislativo y Regulatorio de la Procuraduría General de la República, funciones que conservó en adición a su nuevo cargo. Esta permanece en el cargo de rectora, pues el presidente Abinader la destituyó como adjunta.
Mariem Montero Beard
Llegó a la dirección de la Escuela del Ministerio Público mediante un concurso en el cual, según notas de la procuraduría, participaron ocho postulantes, mientras que el Consejo Superior del Ministerio Público decidió entrevistar solo a dos de ellos. Pero la escogencia de Montero Beard era un secreto a voces en los fueros internos de la procuraduría y de la Escuela del Ministerio Público, pues se comentaba de antemano que ella sería la nueva rectora por su cercanía con el procurador Jean Alain Rodríguez.
Objetivo: el concurso para nuevos fiscalizadores
Uno de los principales objetivos de esa designación por parte del Consejo Superior del Ministerio Público encabezado por Jean Alain Rodríguez, sería la convocatoria y organización de un nuevo concurso público para aspirantes a fiscalizadores, proceso que se convirtió posteriormente en el más contundente fracaso de la Escuela y la Procuraduría General de la República.
Durante el proceso de ese concurso, y tras las elecciones presidenciales de mayo del año 2020, las ejecutivas que ocupaban las vicerrectorías fueron sustituidas por funcionarias del entorno del ex procurador Jean Alain Rodriguez, quienes no contaban ni con la experiencia ni con la preparación para dirigir ni desarrollar proyectos académicos. La mayoría llegó en el período de transición, cuando el Partido de la Liberación Dominicana salía de la administración del gobierno.
Según denuncias periodísticas de entonces, principalmente de la periodista Edith Febles, el control de la Escuela formaba parte de un amplio plan del entonces procurador general Jean Alain Rodríguez para controlar y manejar a su antojo al Ministerio Público durante los próximos años. Para el manejo de este concurso y el control de la Escuela del Ministerio Público la gestión de Jean Alain Rodríguez, le otorgaba a su colaboradora recién designada como nueva rectora de la academia, poderes superiores a los de sus antecesores, mediante la modificación de la estructura institucional de la academia.
A solo once días de la toma de posesión, mediante la cuarta resolución de la quinta sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, se confería autonomía administrativa, institucional y académica a la Escuela.
Igualmente se dotaba a la rectora de facultades especiales, pues aunque la ley orgánica del Ministerio Público 133-11, establece que el Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público estará presidido por el procurador general de la República, o en su lugar este podría designar a uno de sus dos sustitutos, la resolución citada designaba a la rectora como representante de pleno derecho del procurador en el consejo.
De ser secretaria del Consejo, con voz, pero sin voto, la nueva rectora pasaba a ser la presidenta de ese órgano, con autonomía administrativa y a manejar a su parecer un presupuesto asignado por la procuraduría general.
Todo estaba preparado para que Montero Beard ejerciera de manera autónoma cuando llegaran nuevas autoridades a la procuraduría, a partir del 16 de agosto del año 2020. De esa manera podría garantizar la prevalencia de sus proyectos.
Ese Quinto Concurso se realizó a sangre y fuego, a pesar de que recién iniciado llegó la pandemia del COVID–19, y solo se pudo realizar de manera presencial una parte de la primera fase que consiste en el depósito de documentación, puesto que a partir del día 14 de marzo del año 2020 en el país se cerraban casi en su totalidad las actividades y servicios públicos y privados, debido a la expansión del virus.
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:13/02/2018
A pesar de ello se continuó recibiendo documentación por una ventanilla de la procuraduría y se improvisó para impartir las pruebas de conocimientos jurídicos de manera virtual, confiriéndole la administración de Jean Alain Rodríguez a este concurso un carácter de alta prioridad. La decisión era que se realizara a cualquier costo, incluso en medio de la pandemia.
Sin embargo, tras las protestas de los concursantes y los cuestionamientos sobre alteraciones en sus calificaciones, las pruebas fueron paralizadas sin dar respuestas a los abogados concursantes.
Se suponía que con los poderes otorgados a la entonces nueva rectora, podría retener en sus respectivos cargos a todas sus compañeras que habían llegado a la Escuela en el período de transición gubernamental.
Sin embargo no sucedió así y la resolución que otorgaba facultades especiales a la rectora fue anulada por completo por el nuevo Consejo Superior del Ministerio Público, presidido por la Procuradora General Miriam Germán Brito, mediante la vigésimo tercera sesión del Consejo de fecha 20 de diciembre del año 2020, en su primera resolución, que anuló toda la nueva estructura institucional de la Escuela concebida por la gestión de Jean Alain Rodríguez.
Todas las funcionarias asignadas a la Escuela del Ministerio Público en el periodo de transición fueron canceladas al iniciar la gestión de Miriam Germán, y sustituidas por otras que al parecer garantizarían el normal funcionamiento de la institución, pero en su totalidad o solicitaron su traslado a otras dependencias de la procuraduría o renunciaron a sus cargos en desacuerdo con la forma hegemónica y autoritaria en que la rectoría manejaba los procesos internos.
Desde entonces Marien Montero Beard, además de las funciones de rectora, maneja directamente las vicerrectorías académica y de investigación y análisis, manteniendo a la institución académica en un estancamiento que impide su desarrollo institucional.
La escuela se quemó en el Mescyt por evaluación quinquenal deficiente
Todo este descalabro institucional se refleja en los resultados de la Evaluación Quinquenal realizada por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), que arroja serias deficiencias en casi todas las áreas de la Escuela. Esas falencias son catalogadas en el lenguaje diplomático y académico del Mescyt como "OPORTUNIDADES S DE MEJORAS".
Docencia solo virtual
Aun cuando todas las instituciones de educación superior han retomado hace dos años su rutina de clases presenciales hace dos años, las capacitaciones para los fiscales y sus colaboradores se realizan de manera virtual casi en su totalidad, debido a las limitaciones que afectan a la Escuela del Ministerio Público para impartir clase de manera presencial.
Durante los últimos cuatro años no han sido revisados ni actualizados los programas de capacitación fundamentales para la formación de fiscales, solo ha sido incorporadas algunas maestrías, financiadas por Mescyt e impartida en su totalidad por la Universidad a Distancia de Madrid -UDIMA-, que tiene presencia en Santo Domingo.
Realmente este Instituto de Educación Superior encargado de capacitar a los fiscales y al personal ha podido mantener su imagen y disimular su resquebrajamiento institucional, con el manejo de sus redes sociales, mediante las cuales se promocionan y se convoca a sus capacitaciones. Así mismo se difunde ampliamente una conferencia virtual mensual con duración de una hora, y un congreso anual que hace aparentar que la institución se mantiene con los estándares de las demás academias.
Estadísticas
Al final de cada año la rectora Montero Beard ha presentado logros ante la procuraduría y ante la opinión pública, que revelan que en cada período han superado las metas que se había planteado la academia en términos de docencia o número de capacitaciones impartidas.
Sin embargo estas cifras no han estado avaladas por ningún departamento de estadísticas y no han contado con ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades de la procuraduría general, ni de ningún organismo estatal. La Escuela no cuenta con departamento de estadísticas y las cifras no han sido registradas ni mucho menos avaladas por el área de estadísticas de la procuraduría.
Las cifras publicadas se basan solo en datos del departamento de registro de la Escuela, cuyo única herramienta de trabajo consiste en una tabla de Excel, lo que se presta para los manejos que se quieran realizar.
Nuevo concurso para nuevos fiscales
—El consejo superior del ministerio público aprobó recientemente abrir nuevo concurso para aspirantes al cargo de fiscalizador.
—La Escuela se adelantó y lo anunció en sus redes a partir del mes de febrero, pero fue desautorizada por PGR y se descontinuó la publicación que ya anunciaba la recepción de documentos a los aspirantes.
Background concurso anterior
El más reciente concurso válido, para aspirantes a ingresar a la carrera del Ministerio Publico fue el Cuarto Concurso, realizado en el año 2017, previa convocatoria para el mes de abril del mismo año, mediante el cual los aspirantes postulaban para 129 plazas ubicadas en diferentes provincias del país, según la convocatoria realizada por la academia especializada, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República.
Se podría decir que ese concurso fue exitoso. Fue realizado con un mínimo de quejas por parte de los participantes en el certamen, cuyos ganadores fueron presentados de manera formal por la procuraduría, tras haber superado todas las pruebas impartidas por la Escuela Nacional del Ministerio Público, que dirigía para entonces la señora Gladys Sánchez Richiez, quien es una fiscal de carrera.
Sin embargo tres años después, en febrero del año 2020, la academia convocó a un Quinto Concurso Público de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores, que no arrojó los mismos resultados que los concursos anteriores y cuyos concursantes han quedado a la espera de que la procuraduría general de la república reconozca su participación, alegando que cumplieron con todos los requisitos plateados por las bases del concurso y que superaron las pruebas impartidas.
Estos aspirantes produjeron para entonces protestas, mediante las cuales acusaban a las autoridades de la Escuela Nacional de haber cometido fraude al dejar fuera a quienes obtuvieron las mejores calificaciones y favorecer a un gran grupo de abogados que no cumplieron con las condiciones necesarias.
Estas versiones crearon una gran conmoción y escándalo a través de los medios de comunicación, y periodistas de alto reconocimiento denunciaron las anomalías de las que adoleció el concurso celebrado durante la gestión del entonces procurador general Jean Alain Rodríguez.