El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, José Rafael de Asís, ordenó prisión preventiva de un año, contra nueve de los 25 imputados en la Operación Discovery 2.0.
Se trata de un grupo que se habría asociado para estafar y extorsionar personas a las que contactaban vía telefónica y por las redes sociales, sobre todo en los Estados Unidos.
Los imputados que van a prisión por un año son, Juan Rafael Parra Arias, Ramón Esterling Polanco Leclerc (CCR-Rafey); Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy William Urtarte (CCR-Vista al Valle), Leslie Agnes Succart González (CCR-Rafey Mujeres), Deuris Antonio Franco de la Cruz, Miguel Ángel Camilo Pérez (CCR-El Pinito); Hayler Andrés Olivarez Núñez, y Erick Ángel Peña Núñez (CCR-La Isleta).
En tanto que contra Arlin Josefina Rosa Rosario, se impuso el arresto domiciliario (basado en una solicitud del Ministerio Público, por una condición de salud certificada), además, el pago de una garantía económica, prohibición a salir del país y presentación periódica el último viernes de cada mes.
También impuso el pago de garantías económicas, prohibición a salir del país y presentación periódica en contra de los procesados Mélquido Rojas Arias, Glorisel Martínez Peralta, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Francheska Antigua Pérez, Mérido Antonio Guzmán Castro y Jonathan Ignacio Castro Güichardo.
Las citadas medidas también incluyen a Luis Manuel Martínez, Amaury Joel Mesón, Waskar Canot Guzmán o Alexander Guzmán García, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla, Miguel Ángel Vásquez (Disla) y Yenny Carolina Corniel Henríquez y Juana Yadirys Ventura Mesón.
El tribunal a cargo del proceso otorgó ocho meses al Ministerio Público para presentar acto conclusivo y al ponderar en toda su extensión la medida, y además declaró el proceso de tramitación compleja.
El fiscal Warlyn Alberto Tavárez dijo que estos imputados utilizaban todo tipo de maniobras engañosas para despojar de los recursos económicos a las víctimas.
“La estructura criminal que cometió numerosos delitos electrónicos, incluyendo la estafa, intimidación y usurpación de identidad fue desarticulada”, indicó.
El Ministerio Público también establece que uno de los imputados Claudio Santana o Claudio Mercedes, arrestado en el proceso, fue deportado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por varios delitos cometidos en perjuicio de la legislación de esa nación.
“La Fiscalía desarrolló esta investigación en contra de estos ciberdelincuentes que eran propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas o “call centers” clandestinos, que fueron allanados, secuestrando evidencias contundentes de los delitos imputados”, advirtió la Fsicalía.