La jueza Clara Nivar, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, varió la medida de coerción contra Wacal Vernavel Méndez Pineda, señalado en caso Antipulpo.
La magistrada le retiró a Méndez Pineda el arresto domiciliario y el grillete electrónico, pero ratificó la medida del pago a una garantía económica ascendente a la suma de RD$ 20 millones bajo contrato de fianza a través de un compañía aseguradora y el impedimento de salida.
Al momento de emitir su decisión, la jueza le indicó al imputado que en caso de no cumplir con la orden, le podría ser revocada la decisión.
Actualmente este proceso se encuentra en la etapa del juicio de fondo, donde están vinculados además de Wacal Vernabel Méndez, Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa y Libni Valenzuela.
También Francisco Brea, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa.
Asimismo, Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao, la compañía Editorama, Juan Alexis Medina Sánchez, así como empresas de su propiedad, y al exministro de Salud Pública, Lorenzo -Freddy- Hidalgo.
De acuerdo al expediente acusatorio, el Ministerio Público se encuentran involucradas más de 40 personas físicas y jurídicas y establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Según el documento acusatorio, Medina Sánchez se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.