En un fallo memorable para los anales de la historia judicial, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional presidido por el magistrado Deiby Timoteo Peguero Jiménez, dictó acto de apertura a juicio contra un empresario español, José Luis del Río Muñoz, acusado de incumplimiento del pago de pensiones alimenticias en perjuicio de su ex-esposa, Beátrice Lara Bellion. La decisión del tribunal se produjo mediante la Resolución núm. 063-2025-SRES-00030, según nota remitida por la parte interesa a este diario.
Los abogados de Lara Bellion sostienen que "este caso marca un precedente significativo en la lucha contra la violencia económica ejercida frecuente y principalmente en contra de la mujer".
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra del señor del Río Muñoz por violar el artículo 357-4 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97, sancionado con penas de prisión de 3 meses a 1 año y multas, al no cumplir con el pago de la pensión alimenticia ordenada por la Sentencia No. 1303-2023-SSEN-0037 de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
A pesar de múltiples requerimientos de pago, el imputado ha persistido durante más de 20 meses en su negativa, afectando gravemente el bienestar económico de la señora Lara Bellion.
Las pruebas acreditadas para el juicio de fondo evidencian que el señor José Luis del Río Muñoz es fundador y beneficiario final de un importante conglomerado de empresas, principalmente del área de la tecnología y call centers, lidereados por la marca Newtech, de cuyas empresas pretende desvincularse frente a su exesposa detrás de sociedades off shore.
El juez, tras evaluar las pruebas presentadas, determinó que existen fundamentos suficientes para proceder a juicio de fondo. Además, se rechazó la solicitud de medidas de coerción, manteniendo al imputado en libertad bajo la premisa de que no representa un peligro de fuga.
Este fallo subraya la necesidad de tomar medidas legales firmes para asegurar que las sentencias judiciales sean respetadas y que las víctimas de violencia económica reciban la protección y el apoyo necesarios. La decisión del juez refuerza el compromiso del sistema judicial dominicano con la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley.
A continuación texto íntegro de la sentencia del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional: