El expresidente Leonel Fernández ha criticado el proyecto de Ley de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, afirmando que procura impedir la deportación de las personas con estatus migratorio irregular en el territorio nacional y que, además, existe ya una legislación para la protección a las víctimas de trata de personas.
La ley a la que hace mención fue promulgada por el propio Fernández en el año 2006, cuando gobernaba junto al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la que establece acciones de protección y asistencia para las víctimas, algunas que también han sido criticadas en el actual proyecto sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 12 de diciembre de 2022.
La legislación es parte de una serie de compromisos internacionales que asumió el gobierno dominicano al suscribir la Convención de Palermo.
Algunos de los puntos que se han cuestionado y ligado a la “acogida de inmigrantes ilegales”, y que están también en la ley del 2006 son: brindar oportunidades de empleo, educación, capacitación, asistencia médica y alojamiento.
De acuerdo con el exmandatario el proyecto de ley integral sobre Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes, que la tarde del este domingo fue retirado por instrucción del presidente Luis Abinader, para lograr el consenso publico necesario, “es una violación al derecho de los dominicanos y más porque existe ya una ley, la que en su mandato se aprobó.
¿Qué dice el Protocolo del 2006?
En su artículo 6 sostiene: que cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de: alojamiento adecuado; asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender.
También, establece ofrecer asistencia médica, psicológica y material, y oportunidades de empleo, educación y capacitación.
En cuanto a la permanencia temporal, sostiene en su artículo 7 que: “cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda”
Mientras continúan las críticas, el presidente Luis Abinader instruyó retirar el proyecto, aunque estableciendo su reintroducción en un plazo no mayor a los 45 días.
Asimismo, ha reiterado que no aceptará ningún acuerdo o norma que “nos convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití”.