Una inflada nómina y ayudas sin justificación fueron algunas de las irregularidades encontradas por José Uripides Florentino Rodríguez, director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) al asumir su cargo, y divulgadas este miércoles durante su testimonio ante las las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se lleva a cabo el juicio de fondo del caso Antipulpo.
Durante la audiencia por corrupción, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, cuyo principal imputado es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, Florentino Rodríguez señaló que encontró una nómina inflada que ascendía a 19 millones de pesos.
Indicó que, al llevar a cabo una investigación minuciosa, encontró que algunos empleados no se presentaban al Fonper por diversas razones.
Detalló que, como medida correctiva, indicó, logró reducir la nómina a 8 millones de pesos.
Además, mencionó que descubrió que 61 empleados habían sido liquidados por un total de 70 millones de pesos, aunque reconoció que este proceso estaba contemplado dentro de los reglamentos vigentes.
En cuanto a las ayudas sociales, el director del Fonper destacó que los informes revelaron que se otorgaban mensualidades de 10 mil pesos a personas sin especificar el motivo de esta colaboración.
Abogado sufre desmayo
La audiencia fue recesada debido a que el abogado Gabriel Brugal, uno de los representantes legales de Fernando Rosa, sufrió un desmayo cuando le realizaba preguntas a José Uripides Florentino Rodríguez, director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
Brugal fue trasladado a un centro de salud cercano y, por el momento, se desconoce su estado de salud.
Las magistradas fijaron la continuación de este juicio de fondo para el lunes 15 de julio a las 9:00 de la mañana.
Este proceso se encuentra en la etapa de presentación de testigo por parte del Ministerio Público.
Los encartados en este caso son acusados de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.