El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, requirió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, a la procuradora general, Miriam Germán Brito, y al titular de la Defensoría del Pueblo, Pablo Ulloa, "ir en auxilio de privados de libertad con enfermedades terminales para que vivan sus últimos días con dignidad".
"Este pedido se hace por las informaciones obtenidas en el informe de la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de Defensa Pública en varios centros penitenciarios de la República
Dominicana", argumentó Rodolfo Valentín Santos en una nota de prensa en la que adjuntó fotografías que Acento editó para mostrar solo fragmentos, dado que las originales son de una excesiva crudeza que trasciende el ámbito informativo.
El informe de la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de Defensa Pública, prosigue Rodolfo Valentín Santos, "muestra una cantidad de privados de libertad en condiciones de salud muy deplorables", algunos de ellos con "cáncer en etapa terminal, tuberculosis, vih, bacterias muy peligrosas que ponen en peligro la salud de quienes padecen esta situación, condiciones de discapacidad física y motora, entre otras más".
Destaca que recientemente el Poder Judicial presentó el denominado "Plan de Inclusión de Personas Privadas de Libertad" con el objetivo de "facilitar la libertad en el menor tiempo posible de las personas que hayan cumplido la condena establecida" y que, asimismo, "socializaron sobre la necesidad de humanizar los centros penitenciarios".
Rodolfo Valentín Santos les recuerda "a los operadores del sistema de justicia" el artículo 38 de la Constitución ("El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos") y le pide que, en "base de compasión y el respeto a la dignidad, se procure la variación de la pena de estos seres humanos para que el fin de sus días les sean mucho más dignos que en esas ergástulas cárceles".
Para el efecto, apunta a que "los jueces de Ejecución de la Pena pueden accionar de manera oficiosa y no lo hacen", por lo que insta a tener "un rol más activo en sus funciones en casos como los denunciados".