La Justicia militar chilena dejó este lunes en prisión preventiva al general Óscar Izurieta, excomandante en jefe del Ejército, la máxima autoridad de la institución, por malversación de 6 mil 300 millones de pesos (casi 8 millones de dólares), mientras estuvo en el cargo, entre 2006 y 2010. Es el tercer sucesor del dictador Augusto Pinochet en la Comandancia del Ejército procesado, como lo fue él, por malversación de dinero público.
Izurieta era la única ex autoridad castrense que no había sido procesada en el marco de las aristas del caso, que ya mantiene procesados a altos mandos de la institución por el presunto desvío y lavado de dinero.
Tras ser reemplazado como jefe del Ejército el año 2010, Izurieta fue nombrado subsecretario (viceministro) de Defensa durante el primer mandato el presidente Sebastián Piñera.
El general Óscar Izurieta está detenido desde el jueves luego de que la jueza Romy Rutherford lo citara ese día a declarar en calidad de inculpado. La magistrada lo está investigando en la arista del fraude del Ejército que indaga el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de los gastos reservados de esta rama castrense y también por el presunto delito de falsedad de documento militar. En total se le responsabiliza por haber hecho un uso irregular de más de $ 6.300 millones de pesos chilenos.
La jueza Romy Rutherford, a cargo de la investigación por el fraude en el Ejército, citó a su oficina al excomandante en jefe del Ejército y luego de un intenso interrogatorio lo dejó en calidad de detenido y ordenó que ingresara como tal al Batallón de Policía Militar del sector capitalino de Peñalolén.
En el plazo de cinco días que le ordena la ley, Rutherford tomó hoy la decisión de procesarlo por el presunto delito de malversación de caudales públicos y también por el eventual ilícito de falsedad de documento militar. Todo en el marco de la arista que indaga el uso irregular de los gastos reservados de esta rama castrense.
En el expediente que tramita la jueza hay varios indicios de un presunto mal uso de gastos reservados por parte de Izurieta, lo que descubrió cuando indagaba a otros exgenerales. Las declaraciones de dos testigos clave que manejaban las remesas de gastos reservados de la Comandancia en Jefe, que lideró Izurieta entre los años 2006 y 2010, los coroneles Sergio Vásquez y Jorge Cortés, hundieron al general.
La magistrada ordenó el embargo de bienes del general “por un monto total de $ 6.500.000.000″, doscientos millones más de lo que se le acusa haber robado.
Izurieta se suma a los otros excomandantes en jefe del Ejército procesados por este mismo delito, en esta misma arista de la gran investigación que lleva adelante la ministra Rutherford: los generales Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. El primero fue sometido a proceso por un monto de más de 3 mil 500 millones de pesos y el segundo por una suma superior a los 4 mil 500 millones.
Pinochet ladrón
Tras dejar el poder el año 1990, tras 17 años de dictadura, el dictador siguió como comandante en jefe del Ejército y senador designado. Murió el año 2006, a la edad de 91 años.
Más de 14 años después del descubrimiento de las cuentas del general Pinochet en un banco estadounidense, la Corte Suprema de Chile ordenó el año 2018 la incautación de US$1,6 millones a la familia del tirano, para entonces doce años bajo tierra.
La sentencia se conoció como parte del final del juicio conocido como "caso Riggs", que investigó el origen de la fortuna que Pinochet había dejado a sus herederos en el Riggs Bank de Washington D.C. y que reveló una pesquisa del Congreso de Estados Unidos.
El año 2017, una corte de apelaciones chilena había ordenado la restitución de unos US$6 millones a la familia del fallecido general que habían sido decomisados en 2004. Ordenó la devolución del dinero y los bienes decomisados a la familia tras determinar que la condena se aplicó sobre delitos que argumentó ya estaban prescritos.
El dictamen del Supremo del 2018 estableció que los herederos perderán los bienes "no por ser autores del delito de malversación de caudales públicos, sino porque esos bienes provienen de este" y porque los adquirieron con posterioridad al inicio del juicio que, además, condenó por "apropiación indebida de fondos públicos" a cuatro años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada a tres generales que sirvieron a Pinochet: Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz.
La investigación judicial de la fortuna de Augusto Pinochet se abrió en 2004, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de cuentas secretas en el banco Riggs y en otras entidades financieras. En ese entonces, se reveló que el Riggs había ayudado a Pinochet a mover discretamente sus bienes de Reino Unido a EEUU cuando fue arrestado en Londres, en octubre de 1998.
Las millonarias cuentas bancarias secretas de Pinochet en ese banco fueron objeto de la pesquisa cuando el exgobernante no pudo justificar la procedencia del dinero. Pinochet fue procesado por fraude y malversación de fondos públicos en conexión con el caso Riggs, pero fue exonerado después de su muerte.
En octubre de 2007, los familiares y colaboradores del fallecido dictador también fueron procesados por malversación, pero la Corte Suprema revocó los procesamientos.