La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) anunció que el 30 de junio próximo requerirá que se suspenda la transferencia de recursos a funcionarios e instituciones que incumplan los estándares de transparencia, lo que afecta a una minoría de las 226 instituciones públicas, según las evaluaciones del año 2022.
La DIGEIG, bajo el mando de Milagro Ortíz Bosch, solicitará el 30 de junio "la suspensión de recursos provenientes del presupuesto nacional a las instituciones que, a pesar de la formación y seguimiento ofrecido, habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información, fuente principal de la política de Transparencia que está construyendo el gobierno dominicano, política de la que la DIGEIG es responsable", se advierte en una declaración pública.
De las 226 instituciones públicas evaluadas, 174 superaron el ranking de 85 puntos de cumplimiento a las informaciones mínimas establecidas por la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y los criterios que establece la Resolución No. 002-2021 de la DIGEIG.
El índice de resultados está colgado en el Portal de la DIGEIG (evaluaciones trimestral) y remitido a los medios de comunicación, al Colegio Dominicano de Periodistas, a la Asociación Dominicana de Diarios, a la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) y a otros organismos internacionales comprometidos con el “Derecho a Saber” y los Datos Abiertos.
Es notable que entre las 174 instituciones que superaron el índice, 153 alcanzan hasta el 90% de cumplimiento, dejando atrás las estadísticas anteriores, se destaca.
Pero, al analizar el trimestre octubre-diciembre, último del 2022, "en 52 entidades públicas se está fuera del índice de 85 puntos: se aprecia el crecimiento de 20 ubicadas en el índice de 79.9 al 80 y 11 ubicadas desde el 79.9 al 69.9.
Sanciones administrativas
El cumplimiento de la Ley no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incumbente por lo que, continuando con los cursos de formación a los Responsables de Acceso a la Información Pública (RAI), y el acompañamiento de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, decidimos para el segundo trimestre de este año aplicar las sanciones administrativas que establece esta ley por incumplimiento", se remarca.
A nivel personal, se ha instruido ya a la Contraloría General de la República para que, a partir de mediados de año, no incluya en la nómina pública a los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo "obligados a la presentación de la Declaración Jurada, hasta tanto no depositen una copia en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana".