La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, que tenía previsto emitir el fallo a la solicitud de prórroga del Ministerio Público para depositar el expediente acusatorio contra los imputados en el caso de corrupción Operación Calamar, suspendió la audiencia.
El motivo de esta decisión se debió a que el Ministerio Público interpuso un recurso de oposición contra la magistrada.
El fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Arolin Lemos, informó que la decisión del órgano persecutor obedece a comportamientos que ha entendido como reprochables en otro caso de este mismo tribunal.
“La cuestión particular del recurso de oposición a la jueza Ana Lee Florimón se debe a comportamientos que nosotros hemos entendido como parcializados, sobre el acceso a la carpeta fiscal de forma total, para dicha decisión no fue convocado el Ministerio Público”, indicó Lemos.
La audiencia para dar a conocer la decisión sobre la extensión de plazo para el depósito de la acusación formal fue fijada para el próximo 16 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
Tras conocer la recusación, los abogados de los imputados afirmaron que el órgano persecutor se está auxiliado de artimañas judiciales para obtener tiempo en el proceso de investigación.
La abogada Laura Acosta Lora, quien representa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo en este proceso , calificó como "una barbaridad" este acto del Ministerio Público y aseguró que "si tuvieran este caso blindado, como lo han dicho, no hubieran recurrido a esto".
De su lado Santiago Rodríguez, representante legal del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que esta recusación hay una lógica, y responde "a que lo que no se puede conseguir por la vía de la legalidad, se obtiene a través de la temeridad".
"Esta solicitud de recusación no cabe duda que es una acción que ocurre casi un mes después de que la audiencia en la que se conoció la prórroga ya había sido celebrada", aseveró.
Santiago Rodríguez además sostuvo que el Ministerio Público busca obtener el tiempo que solicitó con la duración que tendrá este tramite.
Los mencionados en este caso son acusados de cometer asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros delitos.
El expediente acusatorio contiene más de tres mil páginas en las que se detalla cómo, supuestamente, los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativa, totalizan más de 19 mil millones.
Hasta el momento se encuentra bajo investigación por el Ministerio Público algunas personas físicas como jurídicas, siendo los imputados; Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Princesa Alexandra García Medina.
También Julián Omar Fernández Figueroa, Andrés Guerrero, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.
De igual forma, las razones sociales Ángel Lockward & Asociados S.R.L., Rediux Consulting, S.R.L., BXT Dominicana, S.R.L., Axionova Group, S.R.L. y Prominex Multiservicios, S.R.L.