Durante una audiencia celebrada hoy en Miami, el juez Robert N. Scola ordenó la divulgación "inmediata" de dos documentos del expediente judicial que evidencian la cooperación del supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el empresario colombo-venezolano Alex Saab, con el Gobierno estadounidense, al que pensaba entregarse.

La defensa de Saab, acusado en Miami (Florida, EE.UU.) de un cargo de lavado de dinero, aseguró este miércoles que el Gobierno de Maduro conocía de su cooperación con las autoridades estadounidenses.

El presunto testaferro de la Administración de Maduro señaló a través de sus abogados que los documentos divulgados hoy por un juez de EE.UU. buscan "tratar de debilitar la solidez de la relación" de él con Venezuela.Su defensa, sin embargo, "aclara" en un comunicado enviado a Efe y replicado en redes sociales por Camila Fabbri, esposa del empresario, que el "único propósito" de las reuniones de Saab con el Departamento de Justicia estadounidense "era confirmar que ni él ni las empresas asociadas con él habían hecho nada malo".

El abogado de Saab, David B. Rivkin, subraya en el comunicado que "cualquier supuesta interacción" de Saab con el Departamento de Justicia y varios agentes de las fuerzas del orden público estadounidense, "se llevó a cabo con el pleno conocimiento y apoyo de la República Bolivariana de Venezuela".

Rivkin, un abogado del bufete Baker & Hostetler LLP, agrega que "Saab desea resaltar que la divulgación del documento, a petición del Departamento de Justicia (estadounidense), no es más que un intento de perjudicar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela".

"Saab sigue siendo un ciudadano leal y un diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y nunca hará nada que perjudique los intereses del país y del pueblo que tanto le ha dado", señala.

Según los documentos divulgados "en el transcurso de casi doce (12) meses, Saab Morán cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA)".

En los documentos, Saab admite "que había pagado sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano en relación con los contratos que le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela".

El empresario "proporcionó a la DEA información sobre su actividad delictiva, participó en una cooperación proactiva como fuente confidencial para la DEA y entregó dinero a Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en los Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta delictiva", SE agrega.

Los papeles además indican que en agosto de 2016, Saab se reunió con agentes de la DEA y el FBI en Bogotá (Colombia) y fue interrogado y proporcionó información sobre los contratos de sus empresas con el Gobierno de Venezuela "para construir viviendas de interés social".

"Incluida la forma en que se pagó a las empresas en relación con los contratos y cómo fluyó el dinero", indica.

Saab, de 50 años y encarcelado en Miami desde octubre pasado, tras ser extraditado de Cabo Verde (África), compareció este miércoles en la vista en la que el juez Scola programó el juicio para el próximo 11 de octubre.

El empresario fue extraditado a EE.UU. en octubre pasado desde Cabo Verde, donde fue detenido a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia estadounidense.

Saab enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, un delito del que se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.

Cronología

27 de junio de 2018

Se firma el acuerdo formal y Saab se convierte en colaborador de la DEA. Saab aceptó ser una fuente activa de la DEA e inició el vínculo con los agentes, comunicándose por teléfono, mensajes de texto y de voz. Según afirma el documento judicial, Saab realizó “una cooperación proactiva”.

En el marco de este acuerdo, aceptó devolver ganancias obtenidas de actividades ilícitas, junto al también acusado Álvaro Pulido Vargas, alias “Germán Enrique Rubio Salas”.

9 de agosto de 2018

Comienzan las transacciones de devolución de dinero de los sobornos. Saab realizó una transferencia electrónica de USD 3.255.593,90 desde una cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.

24 de septiembre de 2018

Saab realizó otra transferencia electrónica, por un monto ligeramente superior (USD 3.313.757,69) a una cuenta controlada por la DEA.

1 de noviembre de 2018

Saab realiza otra transferencia por USD 3.138.844,70 (totalizando casi 10 millones).

5 de febrero de 2019

Saab realizó una cuarta transferencia, por un monto algo menor (USD 2,942,501.37).

4 de abril de 2019

El empresario, representado por su abogado estadounidense, se reunió con agentes de la DEA y fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia en Europa en un lugar no detallado. Allí, Saab recibió una fecha límite para entregarse a la Justicia de Florida. Según le advirtieron, si no se entregaba antes del 30 de mayo de 2019, ya no seguiría siendo una fuente colaboradora y sería acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida.

30 de mayo de 2019

Saab no se entrega a la Justicia y la DEA inició el proceso para desactivarlo como fuente colaboradora. Desde entonces, no recibió más comunicaciones de Saab.

25 de julio de 2019

Saab fue procesado en este caso en el Distrito Sur de Florida.

Desde entonces, el empresario sabía que no podía tocar suelo estadounidense. Pero fue detenido en Cabo Verde a raíz de una orden de captura internacional y fue extraditado a EEUU en octubre.

El empresario enfrenta en una corte de Miami un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.

Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.

Estados Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto para la corrupción en Venezuela, alguien que cosechó enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones de personas en la nación sudamericana pasan hambre. El régimen de Maduro lo considera un diplomático que fue secuestrado mientras cumplía una misión humanitaria que se hizo más urgente por las sanciones de Estados Unidos.