La Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió por primera vez, una sentencia directa sobre el fondo de un proceso, en aplicación de la nueva Ley de Casación Núm. 2-23.
Este fallo se basa en los artículos 38 y 78 de la legislación, los cuales otorgan a la SCJ la facultad de resolver un caso sin necesidad de reenvíos adicionales, evitando la prolongación innecesaria de los litigios.
¿Qué significa este fallo y por qué es importante?
Anteriormente, cuando la SCJ anulaba una sentencia (casación), el caso podía ser enviado repetidamente a tribunales inferiores, alargando el proceso por años. Con esta nueva normativa, la SCJ puede decidir directamente sobre el caso, evitando un tercer reenvío y garantizando una justicia más rápida y efectiva.
La sentencia, emitida por las Salas Reunidas de la SCJ, explica que esta medida no vulnera los derechos de las partes, ya que durante el proceso se han presentado y debatido todas las pruebas necesarias. Además, resalta que esta forma de fallo busca agilizar la administración de justicia, evitando que los litigios se extiendan indefinidamente.
El fallo en cuestión, identificado como SCJ-SR-24-00188, fue dictado el 29 de noviembre de 2024 y resolvió de manera definitiva un litigio que había llegado a la SCJ por cuarta vez. Aplicando la nueva norma, el tribunal casó sin envío la sentencia del Tribunal Superior Administrativo del 27 de enero de 2023, poniendo fin al caso mediante una decisión firme.
La SCJ aclaró que esta nueva disposición no convierte a la Corte en una tercera instancia, sino que le permite reemplazar el fallo anulado con una decisión definitiva, en lo que se conoce como sentencia de reemplazo.
Esta medida responde a la necesidad de evitar dilaciones innecesarias y fortalecer la confianza en el sistema judicial, permitiendo que las controversias lleguen a una conclusión en un tiempo razonable.
La sentencia fue firmada por los magistrados de la SCJ, encabezados por Henry Molina, junto a otros jueces de las Salas Reunidas, quienes coincidieron en que esta nueva facultad refuerza la eficiencia y la efectividad del derecho en la República Dominicana.