El Código Procesal Penal de la República Dominicana, en su artículo 226, contiene las medidas de coerción que pueden ser impuestas por el juez y la prisión preventiva se encuentra en el numeral 7.
Sin embargo, en la práctica, las medidas de este tipo en ocasiones son impuestas de manera indiscriminada, algo que muchos abogados penalistas advierten que provoca los taponamientos en las cárceles.
A menudo se ven denuncias y protestas de internos en los diferentes recintos penitenciarios del país, en donde describen las condiciones en la que ellos se encueran, lo que obliga a pensar en un sistema penitenciario en crisis por la sobrepoblación carcelaria.
Un ejemplo de esto es la cárcel de Bella Colina, también conocida como la Supervisoría Bella Colina, cuya operación se realizaba fundamentalmente en un sótano.
Las condiciones en dicho centro obligaron a la Oficina Nacional Defensa Pública a solicitar el cierre de este recinto y pidió que los internos sean distribuidos a diferentes prisiones.
“Entre los factores que inciden en la sobrepoblación en las cárceles se encuentra el alineamiento de los jueces con el Ministerio Público para imponer prisión preventiva en los mayorías de los casos”, expresa Rodolfo Valentín Santos, director de Defensa Pública.
Explica que cuando detectan un caso de abuso policial o que excede las 48 horas para conocer la medida de coerción, esta entidad va en auxilio de estos internos.
Otra situación recurrente, detalla, es que los privados de libertad no están divididos por delitos, es por esto que una persona procesada por robo se puede encontrar junto con una arrestada por homicidio, como por narcotráfico.
Más de 90 mil casos por abandono
La Ley número 277-04 de Servicio Nacional de Defensa Pública, en su artículo 2, habla de la finalidad de la Oficina Nacional de Defensa Pública, la cual debe proporcionar defensa y asesoramientos técnicos a los imputados que por cualquier causa carezcan de abogado.
Desde el año 2017 al 2020 la Oficina Nacional de Defensa Publica recibió 90,157 casos por abandono de abogados privados. Esta entidad trabaja de la mano con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
En el año 2020, ingresaron en la Oficina Nacional Defensa Pública 18,836 casos, de los cuales 17,625 fueron casos a la jurisdicción ordinaria, siendo resueltos 4,083. En cuanto a los 1,211 de la Penal Juvenil, 439 tienen decisión definitiva.
Según muestran los indicadores de gestión institucional de la ONDP, en los casos de materia ordinaria de sexo masculino fueron ingresados 16,618 para un 94 %, mientras que 1,007 fueron de mujeres representando un 6 % de los casos.
Evaluación antes de prisión
El presidente de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, entiende que los tribunales dominicanos deben hacer una evaluación de los casos antes de dictarle prisión preventiva.
A entender de Mercedes, existen algunos casos sencillos que, con una presentación periódica o arresto domiciliario, pueden garantizar la asistencia del individuo en los procesos.
En ese sentido, el abogado sostiene que, en base a un estudio realizado por los Derechos Humanos, el 34 % de las personas acusadas de cometer algún delito puede cursar el proceso en su contra estando en libertad.
Subraya que ese organismo tiene contabilizado alrededor de 98 mil privados de libertad y que la capacidad con la que cuenta la Procuraduría General es de un espacio para 12 mil personas.
| En el libro La política criminal, reinserción y prisión permanente revisable, de Carmen Juanatey Dorado, se plantea que el aumento de la criminalidad se debe al abuso de la pena de prisión y de una política criminal cada vez más represiva. |
Política preventiva criminal
El Estado dominicano ha implementado unas series de programas para prevenir la criminalidad en el país. Sin embargo, lejos de mantener a raya ocurrencia de delitos, estos han provocado un aumento descontrolado en la población carcelaria.
Sobre esto, el sociólogo Juan Miguel Pérez afirma que toda política pública debe estar basada en conocimiento de las causas del problema que busca corregir para trabajarlo de raíz.
“Con acciones de inversión social de acompañamiento, no de macana, se pueden implementar políticas para prevenir la criminalidad”, dice.
El catedrático asegura que las políticas implementadas en materia de seguridad pública tiene un déficit de conocimiento del origen que crea la situación y añade que la Policía Nacional en vez de proteger a los ciudadanos es injusta con ellos.
No todo se resuelve con mano dura, ni con aumento en las penas, insiste el especialista en analizar la conducta de la sociedad.
Destaca que el Estado dominicano debe ofrecerles a los privados de libertad una educación adecuada y un trabajo digno, proporcionándoles las garantías de los derechos fundamentales que estable la Constitución Dominicana.
El experto en justicia criminal, Rodolfo Valentín Santos, coincide en el señalamiento de Pérez, y propone al Estado dominicano tener un sistema educativo para los jóvenes nacidos en barrios marginados puedan acceder. Asimismo, sugiere que se le brinde la asistencia médica a personas afectadas con patologías mentales.
Entiende que al trabajar con los jóvenes de los barrios, brindarles asistencia a familias disfuncionales, así como también concienciar a hombres y mujeres sobre la violencia intrafamiliar y de género, podría contribuir en la disminución de la criminalidad.