Los programas de tratamiento y educación y las medidas de respuesta a la pandemia de la COVID-19 permitieron al Sistema Penitenciario superar un año de desafíos y alfabetizar a cerca de cuatro mil privados de libertad, mientras otros casi cinco mil completaron los ciclos de educación básica y media.
En adición a estos resultados, 349 internos se inscribieron en licenciaturas de diferentes áreas del conocimiento y 10 cursan programas de postgrado.
Además, el sistema trabajó en un frente paralelo, con el fortalecimiento de las medidas preventivas y de contención de la COVID-19, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública para la redacción de las directrices para la prevención y atención de la enfermedad y la vacunación tanto a las personas privadas de libertad como al personal penitenciario.
En el resumen ejecutivo de sus memorias anuales, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) consigna que durante todo 2021 la gestión del sistema penitenciario “mantuvo el enfoque sobre la mejoría de la efectividad del desempeño y los resultados de la organización y en la reinserción social de las personas en conflicto con la ley penal bajo su tutela”.
Al revisar el informe de 2021, los directivos del sistema ponderaron el esfuerzo en proveer a los privados de libertad los programas de enseñanza y las capacitaciones que habían sido suspendidas en 2020 debido a la pandemia.
En 2021 quedaron alfabetizados 3,655 privados de libertad y hay 1,166 inscritos para aprender a leer y escribir. También completaron los programas de básica y media 4,805 personas y otras 4,771 avanzan en el año lectivo 2021-2022.
Mientras, 9,773 internos se certificaron para distintos oficios y otros 3,388 están inscritos en cursos técnicos, la mayoría impartidos por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
En coordinación con distintas universidades, 349 personas privadas de libertad cursan licenciaturas y hasta el momento hay 10 que estudian en postgrado, como un medio para desarrollar su nuevo proyecto de vida al completar su reclusión.
En adición a estos resultados, durante 2021, el 69.34% del personal participó de programas de educación continuada, desarrollados por la Escuela Nacional Penitenciaria, que con la Ley 113-21 pasó a llamarse Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales.