El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la acusación presentada por la Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y sentenció este jueves a penas de entre 15 y 7 años de cárcel a los tres miembros de una red de raptos exprés con asiento en La Ciénaga y Guachupita, en el Distrito Nacional.
Fueron denunciados por cinco de sus víctimas, dominicanos y estadounidenses, que además fueron agredidos por los ahora condenados.
Las magistradas Arlin B. Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez sentenciaron que el Ministerio Público demostró que los integrantes de esta red se constituyeron en una asociación de malhechores para cometer robo agravado con violencia y con el porte ilegal de armas de fuego, más rapto expres.
El órgano persecutor, mediante la contundencia de las pruebas presentadas, permitió al tribunal emitir sentencias de 15 años de prisión en contra de Enmanuel Antonio Almarante Medrano y del ciudadano venezolano Yildre Mejía Villa Rue. La condena de siete años de reclusión fue para Yéssica Estrella Féliz.
Además de la pena de prisión, los procesados deberán pagar cinco millones de pesos de indemnización a sus víctimas, quienes estuvieron asistidas por la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
Según la información del MP, "la estructura criminal citaba a hombres por las redes sociales (Tinder, Grindr, Bumble y Badoo) para encuentros íntimos y una vez las víctimas accedían" a los lugares acordados eran interceptados por hombres armados que "le sustraían sus pertenencias, afectando, además, su libertad ambulatoria por espacio de tres horas".
Estos criminales lograron sustraer a sus víctimas cadenas, guillos y anillos de oro, celulares marca Iphone, bocinas de vehículos tipo kitipó, dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias por un valor aproximado de un millón de pesos.
El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional (Destacamento C2 de María Auxiliadora) y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI), pudieron recuperar parte de las pertenencias robadas, que habían sido vendidas en compraventas y plazas comerciales.
Las cinco víctimas, de quienes se omite sus nombres para preservar su integridad, entre ellos dominicanos y estadounidenses, fueron agredidos físicamente, amenazados de muerte y maltratados psicológicamente, en los hechos registrados entre el 10 de octubre y el 23 de diciembre del año 2022.
La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, quien estuvo acompañada del fiscal litigante Claudio Cordero, manifestó que la Unidad Antisecuestro desarrolla procesos de investigación de este tipo, designados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a través de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.