Según los investigadores del Ministerio Público, los imputados en operación Camaleón constituyeron una red de crimen organizado que manipuló el proceso de licitación pública para la contratación del servicio de modernización de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, adjudicando contratos a empresas sin las capacidades técnicas necesarias.
Esta explicación consta en la documentación depositada para la solicitud de medida de coerción.
Según el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los contratos alcanzan un valor de RD$1,317 millones, y las investigaciones preliminares señalan que parte de esos fondos fueron desviados mediante esquemas de lavado de activos.
Las autoridades destacan que los imputados representan un peligro para la investigación debido a su poder e influencia política y empresarial, lo que ha motivado la solicitud de medidas de coerción para evitar que interfieran con el proceso judicial.
El Ministerio Público ha solicitado formalmente la imposición de medidas de coerción y la declaratoria de complejidad del proceso contra un grupo de exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y empresarios, implicados en un esquema de corrupción millonaria.
Entre los acusados figuran Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, exdirector ejecutivo del Intrant, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, así como las empresas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., e INPROSOL S.R.L.
El Ministerio Público continuará las diligencias para determinar el alcance de las operaciones de esta red, cuyo impacto en las finanzas públicas sigue en evaluación.