Ante el impacto que han generado los escándalos de corrupción de los gobiernos peledeístas de Danilo Medina, sobre todo después del sometimiento a la justicia de decenas de funcionarios, incluso tres exministros, juristas y analistas políticos debaten si también podrían ser llevados a la justicia los exfuncionarios de los gobiernos de Leonel Fernández.
Por un lado algunos plantean que los delitos de corrupción en contra del Estado dominicano cometidos por funcionarios durante los últimos gobiernos del expresidente Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012) habrían prescrito para fines de acción penal, porque las autoridades que les sucedieron a estas administraciones no pusieron en movimiento la acción penal dentro del plazo (10 años) que dispone la ley.
Sin embargo, otros juristas consideran que las infracciones vinculadas a los actos de corrupción son imprescriptibles, debido a los acuerdos internacionales suscritos por la República Dominicana y ratificados por el Congreso Nacional, adquiriendo la categoría de constitucionalidad.
Consultado por periodistas de Acento.com.do, el jurista Francisco Álvarez Valdez (Pancho), miembro de Participación Ciudadana, expresó que lo primero que se debe de aclarar es que no existe un delito llamado corrupción, sino hay delitos que se relacionan con la práctica de la corrupción administrativa, que son estafa contra el estado, desfalcos, malversación, sustracción de fondos públicos, entre otros.
Explicó que los delitos relacionados con la corrupción prescriben, pero que no se trata de una prescripción por los años transcurrido desde la comisión de los hechos, sin que es necesario ver cuál es la pena aplicable al delito cometido. En el caso de los gobiernos de Leonel Fernández, cuya última gestión terminó en 2012, hace más de diez años, la mayoría de los presuntos delitos prescribieron.
“Si nos referimos, por ejemplo, a la estafa que se castiga hasta con diez años de prisión, el Código Procesal Penal Dominicano establece que la prescripción es igual a la pena que se impone, sin que pueda exceder de diez años, o sea que diez años es la máxima prescripción,” sostiene Álvarez Valdez.
Indicó que si hay otros delitos con pena mayores de diez años, como lavado de activos que se condena hasta con 20 años de cárcel, de todas maneras la acción penal prescribe a los 10 años.
Detalló que el Artículo 45 del Código Procesal Penal Dominicano establece que la acción penal prescribe al vencimiento de un plazo igual a la máxima de las penas en las infracciones sancionadas con la privación de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres.
De su lado, el abogado Erick Hernández dijo que las infracciones (contra el Estado), en los casos en que no se haya abierto un proceso de investigación, se computa de pleno derecho y se aplica la prescripción.
Sin embargo, sostiene que toda suspensión o prescripción implica la actuación en materia penal del Ministerio Público o en materia civil de la actuación de las partes que interrumpan o suspendan los procesos.
Sanciones o castigos internacionales
Los funcionarios y exfuncionarios de República Dominicana, en virtud de los convenios de los cuales el Estado dominicano es signatario, son objeto de seguimiento de sus actividades económicas y movimientos de capitales que involucran operaciones en dólares. En el caso de Estados Unidos, este tipo de monitoreo lo dirige el FBI, a través de la Unidad Contra la Corrupción Internacional, para confirmar si los recursos económicos provienen o no de algún ilícito.
En los últimos gobiernos de Joaquín Balaguer (1986-1996) y el de Hipólito Mejía (2000-2004) la República Dominicana firmó y ratificó un convenio con la Convención Internacional Contra la Corrupción (CICC) aprobado por la Organización de Estados Americanos, en marzo de 1996, y posteriormente la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNNUCC), en octubre de 2003. “ Ambos instrumentos jurídicos tienen rango constitucional y su contenido es vinculante para la República Dominicana”.
Por tanto, y según los expertos consultados por periodistas de Acento, los exfuncionarios corruptos de los gobiernos anteriores y presentes podrán evadir a la justicia dominicana, pero no el alcance de los organismos internacionales contra la corrupción y sus posibles sanciones.
Los indicios
Unas 49 auditorías e investigaciones especiales de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) practicadas a igual número de instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas del estado, documentan apropiaciones, malversaciones y desvíos de fondos públicos durante el periodo 2004-2008, correspondiente a los dos últimos gobiernos de Leonel Fernández.
Independiente a los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas entregados a la Procuraduría, medios de comunicaciones dieron conocer 55 denuncias de posibles actos de corrupción en el Estado entre el 2004 hasta 2012, de acuerdo con un informe de Participación Ciudadana nombrado “La corrupción sin castigo 2000-2012”.
Sólo dos exministros del periodo señalado tienen asuntos pendientes en los tribunales de justicia del país: son el exministro de Obras Públicas, Víctor Diaz Rúa, condenados a 10 años de cárcel en primera instancia por enriquecimiento ilícito, y el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, por supuesto soborno en la compra de los aviones Super Tucano, caso que continúan en proceso de apelación.
Aunque este último fue absuelto de los cargos en primera instancia, la pasada semana el Ministerio Público introdujo un recurso de apelación a la sentencia que favoreció a los implicados en la acusación de soborno.
Entre los ministerios y direcciones generales auditados y señalados por los medios de comunicaciones donde se habrían cometido actos de corrupción en contra del Estado dominicano durante los gobiernos de Leonel Fernández figuran: Agricultura Medio Ambiente, Obras Públicas y Comunicaciones; Industria y Comercio, Deportes, Interior y Policía, Economía y Desarrollo, Defensa, Juventud, Trabajo y Salud Pública. En esas instituciones operaron, de acuerdo con la información documentada, entramados de corrupción que sustrajeron incalculables recursos del patrimonio estatal.
Esos funcionarios habrían afectado por igual los recursos de las direcciones de Aduanas, Migración, Autoridad Portuaria, Aeronáutica Civil, Pasaportes, Bienes Nacionales, Consejo de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Vivienda (hoy ministerio), Lotería Nacional, Instituto Agrario Dominicano, Corporación de Empresas Estatales, así como la Superintendencia de Seguros, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y otras entidades, según revelan informes de organizaciones de la sociedad civil.
El expresidente Leonel Fernández, que en el año 2019 abandonó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para formar ingresar al Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y cambiarle el nombre por Fuerza del Pueblo, de la cual es su virtual candidato presidencial, antes de llegar al poder con el PLD en 1996 afirmó que la corrupción se llevaba 30 mil millones de las arcas del estado cada año. En ese año, durante el último gobierno de Joaquín Balaguer, el presupuesto nacional fue de 26 mil millones de pesos, lo que significa que según los cálculos del entonces candidato Leonel Fernández la corrupción administrativa sustraía recursos que superaban el presupuesto nacional.
Diez y siete años después de ese pronunciamiento, y a solo un año de su última salida del gobierno en 2013, organizaciones de la sociedad civil de Santiago de los caballeros organizaron el denominado "Juicio Popular contra el expresidente Leonel Fernández", en el cual los activistas cívicos reclamaban castigo para el entonces líder peledeísta y sus funcionarios por la prevaricación, la impunidad y el enriquecimiento ilícito en los cuatrienios 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012.
Por otro lado, en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora la organización Transparencia Internacional (TI), en los dos últimos periodos de gobierno de Leonel Fernández la República Dominicana se mantuvo entre 26 y 30 puntos, calificación considerada “cifra roja” por la propia entidad.
"La inacción de la justicia ante las investigaciones del órgano fiscalizador del estado y las denuncias de medios de comunicación nacionales y extranjeros de casos con serios indicios de corrupción, ha permitido que muchos exfuncionarios, que se enriquecieron del dinero público, hoy se den la gran vida sin temor a una acción penal en su contra", explicó otro jurista consultado, que hizo reserva de su nombre.
Sin embargo, resaltó que hay otros castigos o sanciones, más allá de la justicia dominicana, y que se vienen imponiendo contra de funcionarios, exfuncionarios, políticos, militares, jueces, diplomáticos, legisladores y otros servidores sospechosos de corrupción, otros delitos o conductas consideradas inaceptables: la revocación de visas Bi/B2 norteamericanas y las restricciones para colocar capitales en bancos internacionales de países firmantes de convenios anticorrupción. Estas sanciones suelen imponerse por iniciativa del gobierno de los Estados Unidos y de organismos internacionales.
Hasta la fecha se ha confirmado la cancelación del visado estadounidense, a más de un centenar de exfuncionarios de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, ahora candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.
A sus principales colaboradores y oficiales de seguridad les fue revocado el visado por el Departamento de Estado, entre ellos están los generales Belisario Medina y Medina, Guillermo Guzmán Fermín, Manuel de Jesús Florentino y Florentino, Pedro Rafael Peña Antonio y otros militares del entorno de Leonel Fernández.
Mientras que entre los civiles figuran Víctor Díaz Rúas, Félix Bautista (senador por San Juan de la Maguana), Roberto Rosario, Víctor Crispín y otros que las autoridades norteamericanas consideran inadmisibles para entrar a territorio de Estados Unidos.