El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, envió una notificación a los titulares de las instituciones del Gobierno central, en la que insta a dar fiel cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04.
La misiva, fechada el pasado martes, fue enviada a los responsables de las instituciones del Estado, a fin de cumplir con la normativa legal sin tener que esperar una sentencia del Tribunal Superior Administrativo.
Durante su intervención en LA Semanal con la Prensa el pasado lunes, el presidente Abinader dijo: “cualquier información que la prensa requiera tiene que ser entregada inmediatamente”, al responder a una periodista que lo abordó sobre ese respecto, tras indicar que algunos funcionarios obstruyen el libre acceso a la información en las instituciones que dirigen.
En ese sentido, Santos Echavarría precisó en la misiva: “es imperativo que cada institución pública garantice el cumplimiento estricto de los plazos establecidos por la Ley 200-04 para la entrega de información pública, implemente procedimientos internos para asegurar la pronta y eficiente respuesta a las solicitudes de información y capacite al personal responsable en materia de acceso a la información pública y manejo de las solicitudes”.
El mandatario agregó que el acceso a la información es un derecho fundamental que contribuye al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana; es por esto que, el cumplimiento de estos plazos no solo es una obligación legal; sino, también, un cumplimiento con la transparencia en esta gestión de Gobierno.
Santos Echavarría reiteró que la Ley 200-04 estipula que las solicitudes de acceso a la información pública deben ser respondidas dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, de manera eficaz y oportuna, contados a partir de la recepción de la solicitud; y que, en casos excepcionales, este plazo puede ser extendido por 10 días hábiles adicionales, previa notificación y justificación por escrito al solicitante.
Reporte de la Digeig
Sobre este respecto, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch, reportó que de enero 2020 a noviembre de 2023 se habían recibido, a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), 53,931 pedidos de información de datos a las instituciones del Estado, de las cuales 48,196 fueron respondidas dentro del plazo que estable la Ley General No.200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que representó el 91% completadas.
De 236 portales de transparencia, 224 cumplieron todos los requerimientos en el 2023. Entre tanto que, el resultado de las evaluaciones de transparencia en el primer trimestre del 2024, el 83 % de las instituciones obtuvo sobre los 90 puntos (sobre 100), lo que implica importantes mejoras en términos de respuesta a la población.
El informe precisa, además, que durante la presente administración de Gobierno se han abierto 79 nuevas OAI, para totalizar 314 oficinas de servicio, además de que 954 empleados que laboran en esas dependencias tuvieron acceso a 387 capacitaciones, con la finalidad de ofrecer el servicio de rapidez y calidad que demandan los solicitantes.
Precisa que el SAIP cuenta con 25,212 ciudadanos registrados, los cuales realizaron solicitudes recurrentes y que interactuaron con el sistema.