La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes), elaboró un informe sobre el ejercicio de vigilancia y de observación que realizó al proceso de selección de cinco postulantes para su designación en el Tribunal Constitucional.
Esta Red de Observadores, conformada por el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF; Participación Ciudadana, Fundación Friedrich Ebert y Foro Ciudadano, consideró que el pasado proceso ha evidenciado serios desafíos a superar en el sistema de selección de jueces y juezas de las altas cortes, así como a aspectos que deben ser optimizados como son los de transparencia, meritocracia, participación ciudadana y respeto del principio de igualdad y no discriminación.
La Red destacó que la ausencia de criterios objetivos de evaluación sigue siendo una de las mayores debilidades del proceso y asegura que, de haberse considerado la matriz de evaluación propuesta, se hubiera evitado situaciones como la salida abrupta del senador Bautista Rojas en la última sesión del CNM, así como los cuestionamientos de los cuales han sido objeto las designaciones finales.
Entre las acciones de la ROI, estuvo la elaboración de una Matriz de Evaluación, una propuesta metodológica que combina el desempeño profesional y la perspectiva jurídico-administrativa. Una herramienta para establecer criterios de idoneidad que favorezcan la selección de personas independientes, capacitadas, con vasta experiencia en materia constitucional, con alto sentido de justicia y con compromiso de salvaguardar e impulsar los derechos fundamentales.
Otra debilidad señaló la ROI en el pasado proceso fue la falta de transparencia, la no publicación de las actas de manera oportuna, lo cual constituye una franca violación a las normas que regulan el funcionamiento del CNM y dificulta el monitoreo tanto ciudadano como de los postulantes, ya que, ante cualquier afectación de sus derechos, carecerán de elementos para impugnar las decisiones a tiempo.
Respecto de las designaciones, sin dejar de lado los cuestionamientos por supuestos vínculos políticos con el oficialismo a la mayoría de las cinco personas favorecidas con el nombramiento en el Tribunal Constitucional, la ROI valora el avance hacia un aparente equilibrio de representatividad ideológica, lo que a su vez favorece al debate democrático y reviste de solidez la confianza de las personas en un órgano a cargo de la justicia constitucional y de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos fundamentales de todas las personas.